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Los recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
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Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Sábado 4 Julio 2026
Un nuevo bombardeo en Kiev golpea las
instalaciones de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania
El
impacto de las explosiones ha provocado diferentes daños
estructurales. Afortunadamente, no se han registrado
heridos
Redacción. DiarioSigloXXI. 4
Julio 2026
Las instalaciones de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania han sufrido importantes daños materiales como consecuencia de un ataque masivo lanzado durante la noche del 2 de julio contra Kiev. El edificio afectado alberga el Centro de Fortalecimiento Familiar y un Centro Juvenil de la organización, espacios en los que diariamente se ofrece apoyo y acompañamiento a niños, niñas, jóvenes y familias.
El impacto de las explosiones ha provocado la rotura de ventanas, el arranque de puertas y otros daños estructurales en las instalaciones. Los equipos de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania ya están trabajando en las labores de evaluación, limpieza y recuperación del edificio. Afortunadamente, no se han registrado heridos entre los profesionales de Aldeas Infantiles SOS, ni entre los niños, niñas, jóvenes y familias a los que acompañan a través de sus programas. La organización permanece en contacto con sus equipos sobre el terreno y seguirá informando conforme avance la evaluación de la situación.
El ataque, llevado a cabo mediante una combinación de misiles y drones, ha provocado una destrucción generalizada en distintos puntos de Kiev. Varios impactos alcanzaron zonas residenciales e infraestructuras civiles. Entre los edificios más afectados se encuentra un bloque residencial de nueve plantas, cuya estructura sufrió el derrumbe parcial de una de sus entradas, con la destrucción completa de las seis primeras plantas. Los equipos de emergencia permanecen desplegados en la zona, donde continúan las labores de rescate y asistencia a la población afectada.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, al menos 20 personas han fallecido y más de 80 han resultado heridas, aunque se prevé que el balance de víctimas aumente a medida que avancen las operaciones de rescate.
La magnitud del ataque obligó a miles de personas a buscar refugio durante la noche en las estaciones de metro de Kiev. Según datos facilitados por el propio servicio de metro de la ciudad, 52.500 personas permanecieron resguardadas allí, entre ellas, cerca de 4.500 niños, una de las cifras más altas registradas en los últimos años.
Aldeas Infantiles SOS continúa apoyando a la infancia y las familias en Ucrania
Desde que comenzó el conflicto en febrero de 2022, Aldeas Infantiles SOS ha apoyado a más de 630.000 niños, niñas y familias dentro de Ucrania, en colaboración con organizaciones locales, y ha acompañado a cerca de 9.000 refugiados en distintos países europeos.
En los últimos cuatro años, la intervención de Aldeas Infantiles SOS ha combinado la ayuda humanitaria para atender necesidades urgentes con un enfoque de acompañamiento sostenido en el tiempo que trasciende la emergencia inmediata. La organización mantiene Centros Sociales en varias regiones del país y despliega equipos móviles que atienden a familias en zonas especialmente afectadas por el conflicto, incluidas áreas remotas o próximas a la línea del frente. Asimismo, cuenta con 120 Espacios Seguros para la infancia continúan ofreciendo entornos protegidos donde niños y niñas pueden jugar, aprender y participar en actividades educativas y de apoyo emocional.
“La magnitud del impacto que el conflicto está teniendo en la infancia es profundo. Lo que estamos presenciando no es solo un desafío humanitario, sino una crisis que afecta al presente y al futuro de toda una generación en Ucrania”, asegura el director de Aldeas Infantiles SOS en Ucrania, Serhii Lukashov.
El síndrome de Atila tras ocho años de
sanchismo
Antonio
Jiménez. el debate.
4 Julio 2026
Que Sánchez ha conseguido hacer durante su mandato una factoría de imputados es una realidad. Y no es que tenga ya más imputados en su esfera política y personal que diputados en el grupo parlamentario socialista, como le dijo Tellado, es que va camino de contar con más investigados por corrupción que militantes hay en el PSOE.
La cotidianidad sanchista nos depara un imputado por día y no hay día sin afán y sin que alguien de los ámbitos del gobierno y del partido socialista no sea señalado y citado por la justicia. Un récord de improbable superación por cualquier otro Ejecutivo tras el paso de Sánchez por la Moncloa, devenido en un Atila, destructor, prepotente y cínico, que ha conseguido que no haya institución pública y organismo estatal donde no haya metido sus zarpas y pueda volver a crecer la hierba. El deterioro institucional, descrédito y desprestigio de organismos e instituciones del Estado, ya sea la Fiscalía General, el CIS, la Agencia Tributaria, Correos, Renfe, Adif, la SEPI, el Tribunal Constitucional, la presidencia y mesa del Congreso y así hasta llegar a empresas públicas dependientes de ministerios y de algunos de esos organismos, no tiene parangón con otros gobiernos democráticos desde la Transición.
Sánchez ha logrado, metafóricamente hablando, que sean las palomas las que disparen a los cazadores y que sus conmilitones y afectos encargados de perseguir los delitos se conviertan en delincuentes sentenciados y condenados por el Supremo como el exfiscal García Ortiz. Ha conseguido que los mandos, político y policial, de la Guardia Civil, su directora y el DAO, sean citados como imputados tras evidenciarse que sus intenciones no fueron las de perseguir a los corruptos, estimulando e impulsando el trabajo de los agentes investigadores de sus presuntas corruptelas y supuestos delictivos perpetrados, sino de boicotearlo, obstruirlo y tratar de impedirlo con amenazas y expedientes a los mandos y números que integran la Unidad Central Operativa del instituto armado.
Una situación que describe, como en el caso del condenado fiscal general, la utilización obscena que ha hecho Sánchez en su beneficio político y personal de todas esas instituciones y organismos estatales colonizados y el grado insultante de servilismo que sus bien mandados, nombrados por él, García Ortiz o Mercedes González, la directora de la Guardia Civil junto a su DAO, el general Llamas, están dispuestos a alcanzar, incurriendo en una prevaricación continuada, para conseguir que el césar y su familia sean inmunes a la acción de la Justicia o impedir que alguna investigación pudiera complicarle su continuidad en el poder.
Una y otro siguen a día de hoy en sus puestos sin dimitir o ser cesados tras quedar demostrado que la directora mintió, negando primero sus reuniones con la 'cloaquera' Leyre Díez y admitiendo después que se vio con ella tres veces. Claro que también mintió Marlaska sobre el mismo particular y ahí sigue, sin inmutarse, parapetado tras la cara de cemento armado que se le ha puesto desde que dirige tan indignamente el Ministerio de Interior.
Todos los casos que se investigan son de tal gravedad que habrían provocado una crisis de Gobierno tras otra, hasta hacerlo caer, en cualquier país democrático, menos en España, donde Sánchez ha conseguido convertir la excepción en rutinaria normalidad hasta agotar y anestesiar la capacidad de sorpresa e indignación de muchos españoles que se preguntan si todavía queda algún justo y ejemplar en el reino sanchista tras ocho años en Moncloa y 16 causas judiciales abiertas con 123 imputados (más que diputados socialistas). La nómina del muladar la completan el ex fiscal general García Ortiz, condenado junto al exministro Ábalos y su asesor Koldo, cumpliendo sentencia en prisión; Cerdán, caminito de Jerez; Begoña Gómez, a punto de sentarse en el banquillo por cuatro delitos; el «hermanísimo», a la espera de sentencia junto al exdirigente socialista pacense y expresidente de la Diputación; la actual tesorera-gerente del PSOE, imputada mientras se investiga la financiación presuntamente ilegal del partido; tres presidentes de la SEPI, el holding empresarial del Estado, pleno total, investigados junto a una veintena de cargos más; la presidenta de ADIF, etc., y sin olvidar que Zapatero, mentor y asesor de Sánchez, será el primer expresidente de Gobierno en ser juzgado con serias posibilidades de que su horizonte procesal acabe en Soto del Real.
Y siendo extremadamente graves todos esos casos, insisto, lo peor y más indecente es que desde la cúpula de la Guardia Civil y en connivencia y complicidad con la cloaca montada por Cerdán y Leyre en Ferraz se intentara interferir en investigaciones judiciales, singularmente las referidas a la mujer de Sánchez y su hermano, para torpedearlas, deslegitimarlas o paralizarlas mediante la extorsión y el descrédito a jueces, fiscales, periodistas y guardias civiles. Evidencia empírica de que la resistencia de Sánchez y su bunkerización en la Moncloa, sin adelantar comicios para no perder el poder, es consecuencia de la instrumentalización que ha venido haciendo de las instituciones del Estado en beneficio propio y de los intereses del PSOE, sin importarle el daño reputacional ocasionado a las mismas y a la democracia.
Por qué Sánchez protege a todos los
mafiosos, ladrones e inmorales
Antonio
R. Naranjo. el debate.
4 Julio 2026
No hace falta ser un genio para deducirlo, pero si tiene dudas, lea estas líneas
Pedro Sánchez protege a la directora de la Guardia Civil y al ministro Marlaska como antes hizo con Ábalos y con Cerdán o, al mismo tiempo, con el fiscal general del Estado y con Zapatero: todos trabajaban para él, en sintonía con él, en beneficio de él y con los poderes cedidos por él.
Las cuestiones penales van por un lado, y en realidad ya no importan: las complicidades políticas ya son evidentes y nadie con algo parecido a un miligramo de decencia puede negarlas. Mercedes González se reunía con Leire Díez, a las órdenes de Cerdán, al mismo tiempo en que Leire Díez conspiraba para «matar a Balas», el heroico mando de la UCO. Y hacía lo posible para que otros como él se pusieran de perfil en las investigaciones más dañinas para Sánchez.
También es un hecho que Cerdán, negocios navarros aparte, lideró esa cloaca con el apoyo financiero de la gerente del PSOE, mientras ejercía de «arquitecto del Gobierno» y le arrendaba al nacionalismo vasco y al catalán sus escaños para investir a Sánchez, en el episodio más corrupto de la democracia en España.
Y lo es que Ábalos le hizo secretario general del PSOE y le engrasó su moción de censura, a la vez que penetraba con su trama en todos los ministerios y comunidades autónomas al alcance para que un sinfín de negocios prosperaran con la firma del propio Sánchez, también decisivo en la voraz carrera económica de Zapatero y dispuesto a alinear la diplomacia española con los intereses de un lobista sin escrúpulos.
La lista es interminable, pero a efectos de definir la identidad mafiosa del sanchismo, viene bien recordar un último caso, el de García Ortiz, condenado técnicamente por revelar secretos de la pareja de Ayuso, pero, en realidad, por utilizar la institución, a las órdenes de La Moncloa, para derribar con la peor guerra sucia imaginable a un adversario molesto.
Sánchez, en fin, no puede hacer otra cosa que protegerles a todos ellos porque todos ellos son él, y romper un solo eslabón acabaría con la cadena a cuyo frente siempre ha estado él mismo, beneficiario de cada andanza, cómplice de todas ellas, escudo de cada trama y cómplice, instigador y quizá ideólogo del marco en el que se han desarrollado.
En ningún país civilizado se gobierna sin ganar, sin mayoría parlamentaria, sin presupuestos y con decenas de imputados en casos que manchan instituciones clave de la democracia, sin necesidad de esperar a condenas. Pero España no lo es desde hace tiempo gracias a un tipo que, cuando le atropella la realidad, se levanta en el Congreso, se ríe, se aplaude a sí mismo, se va de fin de semana y deja como única respuesta otro ataque más a la separación de poderes y al ecosistema democrático en su conjunto.
Preguntarse qué más hará Sánchez para salvarse del cruel escrutinio de los ciudadanos, de las instituciones y probablemente de la Justicia es ocioso: ya lo ha estado haciendo todo. Solo hay que añadirle las secuencias coherentes con una trayectoria perfectamente conocida ya y añadirle la desesperación terminal de alguien que se siente, en su fuero interno, más cerca del Zapatero imputado que del liderazgo mundial progresista con el que había soñado.
LA AUDIENCIA NACIONAL ESTRECHA EL CERCO
El nudo
judicial se va cerrando en torno al pescuezo del corrupto Pedro
Sánchez
Los sumarios por corrupción del sanchismo
avanzan sobre el Gobierno mientras el aforamiento protege a Sánchez
y a su núcleo duro del PSOE
Mario Lima. periodista digital.
4 Julio 2026
Ejerce de chulo, fiel a su estilo, pero la procesión va por dentro.
Y seguro que, a estas alturas, ni al marido de Begoña ni a sus cómplices más cercanos, les cabe ya un cacahuete a martillazos por ese sitio donde nunca da el sol.
La política española se ha convertido en un complejo entramado judicial. Pedro Sánchez y la dirección del PSOE se ven rodeados por múltiples causas penales que, aunque no les alcanzan de lleno, van acotando su margen de maniobra semana tras semana.
Aquella imagen del «muro» que el presidente invocó en su investidura cobra ahora un significado inquietante: ese muro es el aforamiento. Y detrás de él se acumula una presión judicial sin precedentes.
Tres nombres propios en la Audiencia Nacional
En la Audiencia Nacional hay tres magistrados que se han convertido en protagonistas involuntarios de la agenda pública y en blanco del sanchismo: José Luis Calama, Santiago Pedraz e Ismael Moreno.
Ninguno de ellos puede encausar al presidente ni a los ministros y altos cargos aforados. Pero sus investigaciones sobre distintas tramas de corrupción van sumando piezas que, juntas, dibujan un patrón político difícil de ignorar.
Calama instruye, entre otros, el asunto Plus Ultra, donde se cuestionan decisiones del Gobierno sobre rescates empresariales. Pedraz lleva la trama Leire Díez y la llamada «cloaca del PSOE», donde asoman altos cargos orgánicos y económicos del partido. Y Moreno dirige una investigación paralela sobre una posible caja B del PSOE, centrada en la financiación interna de la formación con sede en Ferraz.
Estos tres sumarios son solo parte de un mosaico mayor: al entorno de La Moncloa se le atribuyen 16 procedimientos con conexiones directas o indirectas con el Gobierno y la estructura socialista. Sobre la mesa, delitos como malversación, prevaricación, fraude, falsedad y posibles infracciones contra la Administración de Justicia.
La clave del asunto está en la arquitectura legal: los aforados —Sánchez, ministros, algunos diputados y dirigentes— solo pueden ser investigados por el Tribunal Supremo. La Audiencia Nacional camina así al filo de la raya: identifica hechos, personas y decisiones, pero se frena justo antes de llegar al núcleo aforado.
Una carcoma que se extiende por las instituciones
Lo que en su día pudo parecer una colección de escándalos sueltos ha ido tomando la forma, según muchos observadores, de una auténtica carcoma institucional.
Los últimos autos apuntan a la presidenta de la SEPI y a otros responsables de organismos estatales, presuntamente implicados en amaños millonarios vinculados a la trama Leire Díez. En el sector tecnológico público, varias investigaciones ponen la lupa sobre Red.es y el posible uso indebido de fondos públicos y europeos en contratos y adjudicaciones.
El cerco alcanza incluso a los cuerpos de seguridad: la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y el DAO Manuel Llamas están siendo investigados por presunta prevaricación y delitos contra la Administración de Justicia.
Y en la propia casa socialista, las finanzas de Ferraz están bajo escrutinio. Se indaga la posible existencia de una caja paralela y el papel de figuras como Santos Cerdán y la gerente del partido, Ana María Fuentes, ya imputados precisamente porque no gozan de aforamiento.
La acumulación ha dado munición a la oposición. Alberto Núñez Feijóo llegó a afirmar que el sanchismo tiene «los mismos imputados que diputados» y que estamos ante el presidente «con más sospechas de corrupción de nuestra historia». Más allá de la brocha gorda del discurso político, las cifras que se manejan impresionan: decenas de imputados, más de quince juzgados implicados y peticiones penales que, sumadas, rozan los 1.900 años.
La estrategia de La Moncloa: minimizar y aguantar el chaparrón
Frente a este panorama, Sánchez ha elegido una táctica defensiva clara: quitar hierro. Reconoce «un solo caso» relacionado con su Gobierno y despacha buena parte de las investigaciones como ataques políticos o mediáticos.
Los autos judiciales, sin embargo, describen otra película: estructuras organizadas con participación necesaria de cargos públicos, en una dinámica que va desde las empresas estatales hasta los despachos policiales.
El presidente se ampara en las ventajas del aforamiento y en una lectura estricta de la presunción de inocencia. Y ahí está el quid: en lo penal, nadie es culpable hasta sentencia firme. Pero en política rige otra lógica, y un alto cargo no puede vivir indefinidamente bajo sospecha sin que la credibilidad institucional pague la factura.
Los jueces, conscientes del terreno que pisan, actúan «con pies de plomo»: saben que cualquier exceso puede tumbar los procesos y alimentar el relato de la persecución. Pero la paradoja es evidente: aunque la Justicia avanza despacio, el desgaste político es inmediato. Cada nuevo auto son minutos de televisión, interpelaciones en el Congreso y un pellizco más a la autoridad moral para gobernar.
Hay, además, un principio democrático no escrito que pesa como una losa: la presunción de inocencia blinda al ciudadano de a pie, pero al gobernante formalmente investigado se le pide apartarse para preservar la reputación del Estado.
El «one» de los mensajes: un cerco que roza sin tocar
El caso de la «cloaca del PSOE» ilustra la situación como ningún otro. En documentos y mensajes relacionados con Leire Díez aparecen referencias al «one» o a «P.S.», que los investigadores vinculan al presidente del Gobierno.
Y sin embargo, ni Pedraz ni sus colegas han dado el paso de citarlo, ni siquiera como testigo. Saben que cualquier movimiento contra él debe tramitarse por el Tribunal Supremo.
Mientras tanto, las pesquisas siguen cercando a su círculo. En las resoluciones judiciales aparecen nombres como María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska, Ángel Víctor Torres o Francina Armengol, todos protegidos por su condición de aforados. Y se investiga si existió una trama organizada alrededor del poder para manipular contratos, fondos y decisiones administrativas en beneficio de redes político-empresariales.
España navega así entre dos aguas: un presidente formalmente blindado, pero rodeado de autos e imputaciones que componen un paisaje cada vez más incómodo.
Un nudo que no deja de tensarse
Los recuentos parlamentarios hablan ya de cifras cercanas a los tres dígitos en imputaciones dentro del sanchismo, entre empresarios, directivos públicos y miembros orgánicos del PSOE. Al menos 16 sumarios conectan directamente con Moncloa o Ferraz, del caso Koldo a las cloacas del partido.
Se ha llegado a sugerir incluso la posible imputación del PSOE como persona jurídica por organización criminal, una figura reservada tradicionalmente a tramas empresariales o mafiosas.
Y en las hemerotecas, mientras tanto, reaparecen viejas declaraciones del propio Sánchez exigiendo dimisiones fulminantes ante simples sospechas. Palabras de ayer que hoy chocan de frente con la resistencia numantina de La Moncloa.
El nudo judicial se cierra despacio, pero con firmeza. El aforamiento sigue siendo el último gran obstáculo legal. Pero la pregunta que flota en el ambiente ya no es solo jurídica, sino profundamente política: ¿cuánto tiempo puede gobernar un presidente cuya agenda la marcan, día a día, los magistrados de la Audiencia Nacional?
Sólo Almería reúne 38 centros
educativos adheridos al programa
La
Junta eliminará las clases de lengua árabe y cultura marroquí en
casi 100 colegios e institutos de Andalucía gracias a VOX
Unai
Cano. gaceta.
4 Julio 2026
El acuerdo de coalición firmado ayer jueves por PP y VOX contempla que la Junta de Andalucía no renovará el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí (PLACM), una decisión que tendrá una incidencia especialmente notable en la provincia de Almería, donde esta iniciativa cuenta actualmente con su mayor implantación en toda la comunidad autónoma.
Según los datos disponibles del Ministerio de Educación, Almería reúne 38 centros educativos adheridos al programa, una cifra que representa cerca del 40% del total andaluz. Ninguna otra provincia concentra tantos colegios e institutos participantes, lo que convierte al territorio almeriense en uno de los principales afectados por el cambio anunciado por el futuro Ejecutivo autonómico de PP y VOX.
El PLACM se imparte en Andalucía en más de 90 centros públicos y tiene presencia destacada en provincias con una importante población de origen magrebí, como Almería, Granada o Cádiz. En el caso almeriense, las clases se desarrollan en municipios como la capital, El Ejido, Roquetas de Mar, Níjar, Vícar, La Mojonera, Cuevas del Almanzora y Huércal-Overa.
La medida aparece recogida en el acuerdo de gobierno y estabilidad suscrito por el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el líder de VOX Andalucía, Manuel Gavira. El texto incluye el compromiso de retirar la adhesión de la Junta al programa nacional que da cobertura a estas enseñanzas complementarias.
Además, el documento señala que el nuevo Gobierno andaluz impulsará en los centros educativos el respeto a «los usos y costumbres de España» y afirma que se rechazará cualquier iniciativa que las formaciones firmantes consideren adoctrinamiento en las aulas, injerencia extranjera o intento de diluir la identidad propia.
El Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí tiene su origen en un acuerdo bilateral entre España y Marruecos. Su objetivo es facilitar que el alumnado de origen marroquí escolarizado en España pueda mantener el contacto con la lengua árabe y la cultura marroquí. Las clases son voluntarias, se desarrollan fuera del horario lectivo y el profesorado es designado por las autoridades marroquíes en coordinación con el Ministerio de Educación español.
Para que la supresión sea efectiva, la Junta deberá formalizar la no renovación de su adhesión al convenio estatal que permite desarrollar el programa. Una vez concluido ese trámite, los centros dejarían de ofrecer estas enseñanzas como parte de su actividad complementaria fuera del horario escolar.
El impacto será especialmente visible en Almería por el peso que el PLACM ha adquirido durante los últimos años en varias localidades con una elevada presencia de familias marroquíes. En municipios como El Ejido, Roquetas de Mar o Níjar, estas clases formaban parte de la oferta educativa complementaria de numerosos colegios e institutos.
La decisión supondrá, por tanto, un cambio relevante en la organización educativa de decenas de centros almerienses y sitúa a la provincia en el centro de una de las primeras medidas anunciadas por el nuevo pacto de gobierno entre PP y VOX en Andalucía donde se empezará a hacer frente a la islamización de la región.
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