Asociación G. para la Libertad de Idioma
R.N.Asociaciones: 80.224, CIF: G-15200553
postmaster-libertadidioma.com
(no
olvide cambiar - por @)
www.libertadidioma.com
Desde 1.988 defendiendo los derechos humanos y
constitucionales
de los que hablamos el idioma español.
Si
no hemos conseguido mucho, es muy probable que una parte de la culpa
sea tuya.
Recortes de Prensa última actualización última actualización 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10
Los recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
FADICE
Recortes
de Prensa
Boletines
Artículos
y Conferencias
Bibliografía
Legislación
Enlaces/links
English
©
Copyright
Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Miércoles 9 Septiembre 2026
Ucrania y Rusia se intercambian ataques aéreos tras la marcha de los enviados de Trump
Al menos tres personas murieron y más de una docena resultaron heridas en Kiev y sus alrededores
Rostyslav Averchuk. Leópolis. la razon. 9 Septiembre 2026
Rusia y Ucrania reanudaron sus ataques aéreos mutuos pocas horas después de que los enviados de Donald Trump abandonaran Kiev. Más de 200 misiles y drones atacaron la capital ucraniana y varias regiones ayer por la noche y hoy.
Al menos tres personas murieron y más de una docena resultaron heridas en Kiev y sus alrededores, donde varios edificios residenciales resultaron dañados. El ataque incluyó misiles balísticos y antibuque, así como más de 32 misiles de crucero y 166 drones de largo alcance hasta la mañana del martes.
“En el momento en que los enviados de paz del presidente de Estados Unidos se marcharon, Putin lanzó otro ataque masivo y horrible contra Kiev”, informó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andri Sibiga. “Sus misiles balísticos hablan más alto que sus palabras sobre diplomacia. Golpe tras golpe contra edificios residenciales no le acerca a ganar esta guerra: no es más que terror sin sentido”, subrayó.
En particular, dos misiles balísticos impactaron en un gran almacén farmacéutico, que ya había sido atacado en 2025, cuando las pérdidas alcanzaron unos 100 millones de dólares. También fueron destruidos grandes centros comerciales en Zaporiyia y en la región de Cherníguiv. Al menos cinco personas resultaron heridas en el ataque contra las instalaciones del canal de televisión “Nosotros - Ucrania”, que dañó la redacción precisamente cuando el canal estaba en directo.
Dos trenes de pasajeros fueron atacados por drones, provocando incendios. Al menos una persona murió, mientras que unos 100 pasajeros fueron evacuados ante la amenaza.
“Los rusos intentaron calcularlo deliberadamente para causar el mayor daño posible a la vida”, afirmó el presidente Volodimir Zelenski.
Se interceptaron 142 drones y todos los misiles de crucero excepto uno. Sin embargo, las defensas aéreas ucranianas siguen sufriendo la escasez de munición para los sistemas capaces de interceptar misiles balísticos.
“Cada día transmitimos a nuestros socios nuestra necesidad de interceptores”, subrayó Zelenski, al tiempo que anunciaba más reuniones con los países y empresas que ayudan a desarrollar el sistema antibalístico europeo FREYJA.
Hasta que se cree ese sistema, Ucrania sigue necesitando el suministro de munición antibalística de Estados Unidos, señaló Zelenski. El líder ucraniano espera discutir el asunto con el presidente estadounidense Donald Trump en una reunión prevista después del 20 de septiembre.
La Unión Europea ha acordado acelerar la transferencia de 3.200 millones de euros a Ucrania para la compra de munición para los sistemas Patriot estadounidenses, de los 90.000 millones de euros del préstamo previamente acordado, anunció la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Ucrania también continúa su campaña de ataques aéreos contra territorio ruso y las zonas ocupadas. Una refinería de petróleo en Sarátov, capaz de procesar unos 4,8 millones de toneladas de petróleo al año, fue atacada durante la noche, dejando 10 civiles heridos, según las autoridades locales. También se atacaron lugares de lanzamiento de drones rusos y otras infraestructuras militares, según el Ejército ucraniano.
El Servicio de Seguridad de Rusia informó de la detención de un ciudadano moldavo de 21 años acusado de llevar a cabo un atentado contra un general ruso de alto rango el 3 de septiembre. Según fuentes no oficiales, Nikolái Varjáhovich, comandante de una división de aviación responsable del ataque al mayor hospital infantil de Kiev en 2024, con más de 600 pacientes en su interior, recibió seis disparos y sobrevivió al atentado.
“Estamos seguros de que la victoria está muy cerca, confiamos en nuestros militares”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, reflejando el optimismo de Moscú sobre la situación en el frente, a pesar de perder unos 40 soldados entre muertos y heridos cada mes. El 1 de septiembre, Vladímir Putin anunció la captura de Sviatogirsk, en la frontera entre las regiones de Donetsk y Jarkiv.
El lunes, Andri Biletski, comandante del reputado 3.er Cuerpo de Ejército de Ucrania, grabó un vídeo desde el interior de Sviatogirsk en el que instaba a los rusos a dejar de “hacer el ridículo” y señalaba que la localidad sigue en la retaguardia ucraniana. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas continúan una exitosa contraofensiva cerca de Limán, en la región de Donetsk, según algunos analistas militares, aunque el Gobierno de Kiev mantiene silencio.
Zelenski sigue afrontando las consecuencias de las investigaciones anticorrupción en Kiev. El fiscal general Ruslán Kravchenko ha dimitido tras figurar su nombre en las grabaciones reveladas por las agencias anticorrupción. Han establecido que Sergui Kropiva, jefe de un departamento de la institución de Kravchenko, blanqueó dos millones de dólares recibidos a cambio de proporcionar cobertura a una amplia red de centros de llamadas que operan en Ucrania para defraudar a personas vulnerables en la propia Ucrania, Rusia, Israel, países de Asia Central e incluso de la UE.
Los ‘call centers’ suelen ofrecer a las víctimas oportunidades de negocio, a veces en productos ficticios. Sus operadores también se presentan como empleados de bancos o servicios de seguridad que solicitan datos con la excusa de proteger su seguridad. Zelenski presentó la semana pasada dos proyectos de ley al Parlamento para hacer frente a esta realidad criminal.
EE UU confirma la destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques
Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní.
Europa Press. la razon. 9 Septiembre 2026
Estados Unidos confirmó este martes la destrucción de cinco petroleros iraníes en respuesta a dos ataques con misiles balísticos lanzados por la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) contra un buque de guerra estadounidense durante los dos días anteriores.
Los ataques estadounidenses alcanzaron cinco buques petroleros vinculados a Irán cerca del Estrecho de Ormuz, como parte de la respuesta de Washington a las acciones de la Guardia Revolucionaria iraní, según informó el Comando Central en su cuenta oficial de X.
Previamente, la agencia iraní Tasnim, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), informó que uno de los petroleros fue atacado en Jarg, sin provocar heridos.
Por su parte, la radiotelevisión estatal IRIB reportó otra embarcación atacada en el puerto de Jask, algo más al sur del estrecho de Ormuz, también sin dejar ninguna víctima.
En respuesta a estos ataques, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que los petroleros de Kuwait y Baréin serán "blanco de ataques", y pidió a las tripulaciones de los buques abandonar inmediatamente los puertos de ambos países, a los que acusó de ser cómplices de las acciones estadounidenses.
Mientras las tensiones se intensifican sobre el terreno, durante el sexto mes de guerra, Estados Unidos ha intensificado este martes su presión contra Irán con la sanción de 36 entidades e individuos ligados al sector de la aviación.
Las sanciones en este caso ponen el foco en 27 compañías aéreas que aún operan en Irán, en aquellos actores que brindan apoyo a Mahan Air, la principal aerolínea privada del país, y en canales financieros y de aprovisionamiento para el sector.
El Tribunal Supremo impide el pucherazo
OKDIARIO. 9 Septiembre 2026
La decisión del Tribunal Supremo de estimar la medida cautelar y ordenar la suspensión de los efectos electorales de las inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) vinculadas a la Ley de Nietos ha echado por tierra el pucherazo del Gobierno de Pedro Sánchez que OKDIARIO viene denunciando desde hace años. El alto tribunal se pronunciará sobre el fondo del asunto más adelante, pero entretanto ordena poner freno a un proceso que ya ha permitido la nacionalización de más de medio millón de personas.
Y es que echa la ley, echa la trampa: el Gobierno se apartó de la norma para aprobar, de forma opaca, una instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de octubre de 2022, firmada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, que convertía la ley en un coladero. Porque ya no sólo podían acogerse a la ley los descendientes de quienes se exiliaron durante la Guerra Civil, sino los descendientes de cualquier español que hubiera abandonado el país en cualquier momento, incluso, como se han producido casos, en el siglo XIX.
Parece obvio que estábamos ante un descomunal pucherazo, una alteración fraudulenta del censo electoral. A partir de ahora, quienes hayan obtenido la nacionalidad española de origen por la vía del derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática, y todavía no estén inscritos en el CERA, la Sala ha acordado que se continúe tramitando el expediente hasta su finalización, pero que, una vez concluido, «se suspenderá la inscripción en el citado censo hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento». En el caso de quienes ya figuran inscritos en el censo de residentes ausentes, el Supremo ha resuelto que se suspendan «los efectos electorales de la inscripción en dicho censo para los sucesivos procesos electorales que puedan convocarse», también hasta que exista sentencia firme.
En suma, que hasta que se pronuncie el alto tribunal, los efectos de la norma se suspenden. La justicia dirá, pero por el momento se ha evitado el pucherazo.
Las inscripciones quedarán suspendidas hasta que exista sentencia
VOX logra que el Tribunal Supremo paralice el censo de la ley de nietos con la que el Gobierno pretendía alterar el resultado electoral
gaceta. 9 Septiembre 2026
El Tribunal Supremo ha paralizado cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el censo derivadas de la conocida como ley de nietos, después de estimar la medida cautelar solicitada por VOX. La decisión afecta a personas que hayan obtenido la nacionalidad española de origen mediante el derecho de opción previsto en la Ley de Memoria Democrática y se mantendrá hasta que el tribunal dicte sentencia sobre el fondo del procedimiento.
La resolución supone un revés para la aplicación que se estaba realizando de la Ley 20/2022 de Memoria Democrática en materia censal. En concreto, el Supremo establece que quienes hayan obtenido la nacionalidad por esta vía pero todavía no estén incorporados al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) podrán completar la tramitación de su expediente, aunque, una vez finalizado, su inscripción quedará suspendida hasta que exista sentencia.
Para quienes ya hayan sido incorporados al CERA por este mecanismo, la Sala adopta una medida similar: quedan suspendidos cautelarmente los efectos electorales de esas inscripciones para los próximos procesos electorales que puedan convocarse mientras se resuelve el litigio.
La decisión, sin embargo, establece una excepción relevante. La suspensión no afectará a aquellas personas respecto de las cuales los Registros Consulares certifiquen que cumplen efectivamente los supuestos de exilio contemplados en la ley: nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles que hubieran sufrido exilio por las causas recogidas en la norma y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española.
Además, el Supremo ordena a la Oficina del Censo Electoral, a través de la Junta Electoral Central (JEC), separar los expedientes correspondientes a los supuestos de exilio directamente previstos por la ley de aquellos iniciados y aprobados conforme a la interpretación realizada por la instrucción administrativa de octubre de 2022. Para ello, la JEC deberá trasladar las instrucciones pertinentes a los Registros Consulares.
La Sala también mantiene lo acordado previamente por la Junta Electoral Central el 16 de julio de 2026 respecto a la elaboración de un informe complementario. Si la Oficina del Censo Electoral todavía no lo hubiera realizado, deberá establecerse un plazo máximo de 15 días para presentarlo, mientras que la posterior instrucción de la JEC deberá aprobarse en un máximo de diez días.
VOX había acudido a los tribunales contra la aplicación de estas disposiciones al considerar que la interpretación administrativa de la Ley de Memoria Democrática podía tener consecuencias sobre la composición del censo electoral. Con esta resolución, el Supremo acepta cautelarmente parte de sus pretensiones mientras estudia el fondo del recurso. Por tanto, la ley en su conjunto no queda suspendida: la medida se circunscribe a determinados efectos censales y electorales derivados de su aplicación.
Ceuta nos obliga a reiniciar España
José Javier Esparza. gaceta. 9 Septiembre 2026
La crisis de Ceuta ha hecho que millones de españoles descubran algo que hasta ahora, tal vez por inercia, se negaban a ver: la quiebra del Estado en España. Si un enemigo te puede perforar las fronteras para meterte dentro ochenta mil personas sin que hayan funcionado los avisos de tus servicios de información, sin que la policía o el ejército hayan podido custodiar la frontera, sin que tu Gobierno haya reaccionado en defensa del interés de los ciudadanos y, al revés, se haya puesto a trabajar en favor de los invasores, y sin que tus aliados internacionales hayan levantado una ceja, entonces es que tu Estado, sencillamente, ha dejado de funcionar. Cuando una cosa así ocurre, la reacción instintiva es culpar al Gobierno, que, efectivamente, en este caso ha contraído una responsabilidad que roza la traición. Pero para entenderlo mejor todo, conviene ampliar un poco el foco. Porque aquí el problema no se limita a un Gobierno felón sometido al enemigo por pactos inconfesables.
Un Gobierno, al fin y al cabo, sólo es un Gobierno y, en teoría, el Estado tiene instrumentos legítimos capaces de enmendar la situación. Es decir que un «caso Pegasus» podría hundir a un Gobierno, pero no tendría por qué derribar todo el edificio. Aquí, sin embargo, ha fallado todo: las fuerzas policiales, capadas por una cúpula corrupta; las fuerzas armadas, maniatadas por una dirección política entregada a intereses transnacionales; la jefatura del Estado, reducida a un mero ornamento decorativo (eso sí, muy alto); el Parlamento, sometido de manera extravagante a una coalición de partidos minoritarios que han hecho de la desaparición de España su objetivo programático manifiesto. Sólo en los tribunales parece haber cierta resistencia, pero ésta disminuye a medida que se asciende hacia la cumbre de la pirámide. Si miramos hacia los poderes informales, la situación no es mejor: una élite económica del todo entrelazada con la élite política y con frecuencia globalizada, una élite mediática masivamente convertida al discurso desnacionalizador, una Iglesia que cree hallar su salvación en la atención al extranjero antes que en la evangelización del prójimo… En líneas generales, el paisaje que la crisis de Ceuta nos deja es el de un Estado –todo él– incapaz de reaccionar ante una agresión exterior. La pregunta es por qué. Y la respuesta, seguramente, es porque ya ha perdido el sentido de lo nacional y, por tanto, no es capaz de valorar la agresión con toda la gravedad que merece. En efecto, ¿qué importancia tiene un atentado contra la nación cuando ya has perdido el sentido de la nación? El sentimiento nacional permanece, más o menos, en la calle, en el pueblo, en parte de la sociedad, pero parece haberse desvanecido por completo en el ámbito de los responsables públicos. Si el pecado mayor del sistema de 1978 es haber tratado de construir una democracia sin nación, como dice José María Marco, entonces la crisis de Ceuta ha venido a poner de manifiesto las consecuencias de esa desnacionalización. Al cabo de medio siglo, España puede romperse con la connivencia de los que deberían asegurar su unidad.
Hay pocos ejemplos más gráficos de este proceso de desnacionalización que nuestras Fuerzas Armadas; sin duda no en el ánimo personal de quienes abrazan la carrera de las armas, pero sí en la realidad material de unos ejércitos que alardean de sus éxitos en Estonia, Rumanía o el Índico mientras son incapaces de proteger las fronteras nacionales, que es en realidad su única misión constitucional y vocacional. Pero en esto nuestros ejércitos no han corrido distinta suerte que los demás resortes del país: un abastecimiento energético dependiente de políticas dictadas desde el exterior, una economía subordinada a intereses ajenos, una política exterior sometida a otros agentes, una política cultural abiertamente endofóbica y disgregadora, una política interior determinada por el juego partitocrático de clanes de poder que no retroceden ni siquiera ante los enemigos confesos del país… El mero hecho de la existencia de un personaje como Pedro Sánchez, y su insólita permanencia en el poder, sólo puede entenderse en el contexto de un Estado que ha renunciado a ser nación y que, por consiguiente, puede someterse a todo género de influencias tóxicas para el interés nacional. Desde esta perspectiva, el movimiento de la invasión de Ceuta es complementario del movimiento de ruptura de la unidad nacional por el separatismo: en ambos casos se trata de efectos de la desnacionalización de la democracia española, y en ambos casos el Estado ha demostrado su incapacidad para frenarlo.
La crisis de Ceuta nos pone ante el espejo de nuestro propio colapso. El Estado inerme es la consecuencia inevitable de la nación ausente. De este trance no se podrá salir con un simple cambio de Gobierno. Hace falta un replanteamiento completo del país, de lo que somos como comunidad política y de nuestra posición colectiva en el mundo. Volver a la conciencia de lo nacional después de medio siglo de desconstrucción de la nación española. Reiniciar España es eso. Y necesariamente ha de tener mucho de revolución.
El Supremo frena las trampas de Sánchez
La suspensión cautelar del derecho a voto para los polémicos receptores de la nacionalidad artificial es una gran noticia
El Debate. 9 Septiembre 2026
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inscripción automática en el censo electoral de los hasta 2.5 millones de personas de todo el mundo que, por tener un antepasado español, han logrado la nacionalidad española y el derecho al voto con un atajo legal infame perpetrado por el Gobierno, a escondidas, que legitimaba todas las sospechas sobre las intenciones clientelares de la maniobra.
El Alto Tribunal entiende que no se puede conceder el destino de un país a quienes no lo conocen, carecen de arraigo, no han mostrado intención alguna de recuperar sus raíces y no cumplen siquiera con los requisitos ordinarios para lograr la nacionalidad, con todos los derechos que ello devenga para los beneficiarios y sus familiares.
No les retira el DNI, pero tampoco les entrega una decisión para la que simplemente no están capacitados, y deja esa posibilidad en manos exclusivas de los descendientes del llamado exilio español, uno de los efecto colaterales de la trágica Guerra Civil que dividió en dos a una España en realidad única.
Nadie con un aprecio por la democracia puede defender que una persona alejada por completo de la realidad española y sin ningún interés demostrado por ella en el tiempo pueda inclinar, sin embargo, la balanza electoral, dopada por el laboratorio de Sánchez de manera artificial, con el único objetivo de sustituir el desprecio doméstico de los votantes españoles por otro importado y agradecido.
Las investigaciones de El Debate y de Isabel Durán han sido claves en una resolución muy plausible que revoca, felizmente, algo parecido a un intento sutil de pucherazo, engordando artificialmente un censo que, con las encuestas actuales, pronostica un batacazo histórico del PSOE sin esa ayuda espuria ahora anulada.
Conviene resaltar que las denuncias de El Debate sobre la Ley de Nietos han sido respaldadas judicialmente por Vox como antes, las denuncias de este periódico sobre el DNI digital, redactadas también por Isabel Durán, finalmente fueron frenadas por la Junta Electoral Central, tras haber sido apoyadas por el Partido Popular.
Es de esperar que el Supremo remate su fallo provisional con otro definitivo de la misma contundencia y efectos, y que incluso analice si la simple concesión precipitada de la nacionalidad es procedente: ya existe un procedimiento para lograrla, que reconoce la integración de quienes ya son españoles de corazón y de ejercicio pero, no abre las puertas indiscriminadamente a cualquiera que diga serlo o quiera aprovecharse de las prestaciones que comporta.
En el viaje queda retratada la catadura de Sánchez, a quien no le importan ni los anhelos de los descendientes del exilio ni el futuro de los inmigrantes: solo le mueve el cálculo político más obsceno y amoral, con una variada gama de excusas que ya no cuelan.
Sánchez se ha acostumbrado a comprarse las investiduras intercambiando escaños por prebendas infames, y algo así pretendía hacer sin duda con esta medida, disfrazando de justicia sentimental lo que no es más que un intento soez de corregir el libre designio de las urnas.
Ya no podrá, al menos en este frente, pero hay que entender que su ínfima escala moral le llevará a utilizar otras herramientas e instituciones del Estado para mejorar su negro futuro: desde RTVE hasta Telefónica o Correos, todas clave en la conformación de la opinión pública y en la gestión del propio procedimiento de voto, están bajo sospecha con este dirigente indigno que siempre está dispuesto a sacrificar los intereses generales para satisfacer los suyos.
Jorge Buxadé: "Con la ley de nietos de la hermana de Puente está en juego nuestro Estado democrático"
El dirigente de Vox carga contra Sánchez por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta y alerta del impacto electoral de la ley de nietos: "20.000 o 30.000 nuevos españoles al mes"
Mario Cortijo. Vozpópuli. 9 Septiembre 2026
Jorge Buxadé, jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, visita Vozpópuli y sitúa a Pedro Sánchez en el centro de sus críticas por la gestión de la crisis migratoria de Ceuta. Advierte de que el Gobierno está permitiendo que el problema se cronifique. “Sánchez disfruta del caos y del dolor de la gente de Ceuta”, denuncia durante esta entrevista. Además, el dirigente de Vox reclama que Bruselas trate la llegada masiva de inmigrantes como un problema de seguridad y defiende la devolución de quienes considera invasores.
Buxadé aborda también la estrategia de Vox ante la crisis de Ceuta, su relación con el PP, el giro a la derecha en Europa y la batalla judicial contra la Ley de Nietos, de la que alerta por su posible impacto electoral, ahora ya congelada por el Tribunal SUpremo: “20.000 o 30.000 nuevos españoles al mes van a poder votar”.
Pregunta: Llevamos más de un mes de crisis en Ceuta, ¿ven ustedes una posible resolución rápida de esta situación que estamos viviendo?
Respuesta: La solución sería posible, pero en manos de Sánchez es evidente que no va a haber solución rápida. 40 días después yo creo que las cosas están incluso peor, porque cuando algo va mal y se cronifica, pues en realidad es que está mucho peor, pudiendo haber hecho muchas cosas. Sánchez disfruta de esta situación, disfruta del caos, disfruta del dolor de la gente de Ceuta y en esa desestabilización de las instituciones y de la vida de nuestros compatriotas en Ceuta, yo creo que él está disfrutando. Es ese punto sociópata que hemos detectado y que le hemos acusado en muchas ocasiones.
P: Desde el gobierno sostienen que con la ley española europea en la mano, esa remigración que ustedes defienden no es posible llevarla a cabo. No sé si ustedes coinciden con ese diagnóstico que hacen desde el gobierno. En caso de hacerlo, ¿cuáles son las propuestas de Vox para cambiar ese marco legal que impide la devolución de estas personas?
R: El Gobierno miente, el Gobierno ha mentido tanto en el número como en el origen de lo que ha sucedido en Ceuta. Es imposible que tú puedas resolver un problema, y esto cualquier persona lo sabe, cualquiera que ha ido al médico, lo primero que hace el médico es diagnosticar la enfermedad y a partir de ahí luego habrá que tomar las decisiones. Pero si tu diagnóstico es erróneo, tú no vas a resolver la enfermedad. Entonces si siguen hablando de un salto de inmigrantes ilegales y del asilo y no se sabe qué, evidentemente no se va a resolver. Hay que hablar de lo que es, es un acto de invasión, un acto característico propio de lo que se ha llamado guerra híbrida que hace Marruecos. Con Marruecos tenemos la historia del Sáhara, tenemos lo de Perejil en el año 2002, la invasión en el año 2021 y las permanentes reivindicaciones ilegítimas de Marruecos sobre Ceuta, Melilla y Canarias.
En ese marco hay solución, porque en ese marco los invasores tienen que ser devueltos a su país, pero lo primero que tendría que haber dicho el gobierno es decir, “oiga, hemos sufrido el ataque de un tercer estado” y haber ido a Bruselas y activar todos los mecanismos que existen. Yo animo al Gobierno a que mire el artículo 72 del tratado de funcionamiento que dice todo lo relativo a asilo e inmigración, sin perjuicio de la seguridad nacional. ¿Está en riesgo la seguridad nacional? Tráfico de drogas, ataques sistemáticos a niñas, violaciones, agresiones sexuales, violencia, ataques a nuestras fuerzas armadas. Es una situación muy grave y más grave es ahora cuando empiezan los colegios. Y el gobierno está disfrutando con esto. Tiene un punto realmente de sociópata, de tipo que disfruta con el dolor de los españoles, Sánchez.
P: Este mismo lunes han anunciado ustedes una querella contra precisamente Pedro Sánchez y también contra el ministro Marlaska por prevaricación, colaboración con el terrorismo, omisión del deber de socorro y lesiones por la gestión. ¿Ven la vía judicial como la única solución, viendo que la vía parlamentaria no está sirviendo de mucho?
R: La vía judicial correcta y la que nosotros seguimos proponiendo es acudir a la sala de lo penal del Tribunal Supremo y enjuiciarles, investigarles por traición, por delitos de traición y contra la seguridad del Estado. Sin embargo, como el Partido Popular un día dice una cosa y otro la contraria, nosotros seguimos con esa mano tendida para activar el artículo 102 de la Constitución y llevar esta cuestión al Congreso de los Diputados. En tanto el Partido Popular está ahí deshojando la margarita, nosotros no podemos acudir a un delito de traición contra la seguridad del Estado, entonces lo que hemos hecho es examinar los hechos y decir, “bueno, además de esos delitos hay otros que se han podido cometer” y eso es lo que nosotros hemos activado ante el Supremo y ante la Audiencia Nacional en otras cuestiones y ante los juzgados de instrucción de Ceuta.
P: Hay una expresión que ha dicho usted y que me llama la atención. Decía que considera a Pedro Sánchez un agente de Marruecos, le quería preguntar si verdaderamente lo cree así.
R: Por sus frutos los conoceréis, efectivamente. La pregunta que se hacen los españoles es a quién sirve Sánchez. En 2021 ya hay una invasión de 10.000 invasores en Ceuta y no se tomó ni una sola medida. Cuando ha seguido dando dinero, entregando material militar, entregando material de seguridad, entregando material de defensa, financiando las inversiones de Marruecos, permitiendo la entrada de productos de Marruecos en nuestro territorio o permitiendo los asaltos ilegales de inmigrantes sin levantar la voz en Bruselas…
Ahora se produce la invasión y Sánchez sigue sin reconocer que la responsabilidad es de Marruecos y echa la culpa a las redes sociales. Ya ni se sabe qué internacional de la ultraderecha que sólo está en su cabeza. Por eso, yo pregunto “este señor para quién trabaja”, si para el gobierno español o no, porque para los españoles es evidente que no trabaja. Le pagamos la nómina, pero de verdad, ¿para quién está trabajando? Es una expresión, podemos decir que es un agente de Marruecos o que es un lacayo del rey de Marruecos, que es lo que ha dicho Santiago Abascal. Ambas posiciones o ambas expresiones van en la misma línea y es evidente que por sus hechos aparece que está sirviendo al rey de Marruecos. No sabemos lo del móvil, no sabemos si hay otros motivos, pero es verdad que en algún momento lo vamos a saber y va a tener que rendir cuentas ante los españoles.
P: Usted que es jefe de delegación de Vox en Europa, le quería preguntar qué le transmiten desde Bruselas y cómo se percibe desde Europa la situación que estamos viviendo en Ceuta.
R: Pues mire, si esto hubiera sucedido hace tres años, a lo mejor la opinión sería otra, pero ya a nadie le sorprende en Bruselas lo que hace Sánchez o lo que deja de hacer. La verdad es que es una situación gravísima. En toda Europa, las imágenes de la invasión tuvieron consecuencias en las cancillerías, empezando por la decisión más evidente, dura, clara y drástica de Giorgia Meloni de cerrar -más que de cerrar, de establecer o recuperar- los controles fronterizos en Schengen.
Ahora Sánchez solo tiene un apoyo, que es el de Ursula von der Leyen y Teresa Ribera, esa Comisión Europea que sigue apoyando a Sánchez. Pero, dentro del Parlamento Europeo, cada vez tiene menos apoyos. Y, dentro de todo lo que podríamos denominar el ala derecha del Parlamento Europeo, los soberanistas, Alternativa para Alemania -que ha ganado-, Patriotas y el grupo de Conservadores y Reformistas, tienen una posición muy clara: Sánchez es un peligro para Europa, un peligro existencial para Europa.
Hay 20.000 invasores que siguen en Ceuta y él lo que pretende es mandarlos a la Península; es decir, mandarlos a Berlín, a Bruselas o a Roma. Y eso, evidentemente, no se lo van a permitir. Por eso Vox está defendiendo una posición que es la de defender España, defender la libertad y defender también Europa.
P: Se lo quería preguntar más adelante, pero ahora que ha hablado de la victoria de alternativa por Alemania, ¿cómo la valora? ¿Cree que los posicionamientos de Vox en Europa se ven reforzados por victorias como esta?
R: Yo creo que cualquier análisis serio, lo primero que tiene que decir es que han votado los alemanes. Y, además, han votado en un clima en el que se ha amenazado a Alternativa para Alemania con su ilegalización, se le acusa de cosas terribles. Yo, hoy, viniendo hacia aquí, justo ahora, iba escuchando una radio de gran alcance en España que decía verdaderas barbaridades: que es un partido que está en contra de la Constitución. Hacer una valoración de la Constitución es legítimo; habrá artículos que habrá que cambiar o no.
Con lo cual, yo me alegro, me alegro mucho, porque, al final, quienes son los derrotados son los responsables de que Alemania esté como está. Nadie se pregunta por esos 50.000 trabajadores alemanes que se van a la calle, igual que nadie se pregunta por los trabajadores de SEAT o por los trabajadores de toda la industria automovilística en España.
A mí me preocupa eso. Y Alternativa para Alemania me preocupa por esos trabajadores. Los que han hecho que la industria automovilística alemana se vaya al garete son los que han estado apoyando el Pacto Verde Europeo, los acuerdos PP-PSOE, y son los responsables. El pueblo alemán se ha dado cuenta, igual que está dándose cuenta el pueblo francés o el pueblo italiano con la victoria de Giorgia Meloni. Y en España también va a suceder, tarde o temprano.
Con lo cual, en muchas cosas coincidimos con Alternativa para Alemania y, en otras, ellos tienen su propia política alemana. Son cuestiones que no afectan a España. Ellos están en otro grupo político, pero sí que debo decir que tenemos unas relaciones estables y buenas con partidos políticos que están en el Parlamento Europeo. Me alegro, me alegro mucho.
P: Con victorias como ésta, estamos viendo que en Europa ya empieza a haber una mayoría de derechas, un giro hacia ese lado. Le quería preguntar si ese giro propicia que la credibilidad de Pedro Sánchez en Europa sea menor que hace años
R: Bueno, es evidente que esa gran coalición del bipartidismo que hemos dicho, de populares y socialistas en Europa, que votaron en la pasada legislatura el 90% de las veces lo mismo, exactamente igual en el Pleno, es la que ha protegido a Sánchez y es la misma que ha protegido a Ursula von der Leyen. La principal valedora de Ursula von der Leyen ha sido el grupo socialista en el Parlamento Europeo, y los populares han protegido, en la práctica, a Sánchez. En la nueva legislatura y con los nuevos resultados electorales, los partidos conservadores, patriotas y soberanistas, obviamente, no van a aceptar las mentiras de Sánchez.
Y Sánchez se viene abajo porque, al final, sus mentiras no pueden mantenerse durante todo el tiempo. ¿Cómo es eso de que puedes mentir a todos durante un tiempo, a unos pocos durante todo el tiempo, pero no a todos durante todo el tiempo? Tú no puedes vender la excepción ibérica y luego tener un apagón eléctrico y dejar prácticamente en cero el sistema eléctrico de España y Portugal, amenazando además a Europa. Tú no puedes defender que tienes el mejor ferrocarril del mundo y, sin embargo, tener al carnicero de Adamuz allí y los muertos producidos. En fin, tú no puedes decir que tu política de fronteras es la mejor y que te invadan. Todas esas mentiras, al final, se vienen abajo.
P: Volviendo a Ceuta, querría saber si son optimistas con la misión del Parlamento Europeo que han solicitado ustedes, ¿creen que va a tener un efecto deseado?
R: Lo pedimos porque hay que hacerlo y porque hay una cuestión muy importante: nosotros no vamos a dejar morir el asunto de Ceuta. El riesgo que tienen los ceutíes es que, por desgracia, ha sido portada durante prácticamente todo el verano, pero ahora llegan los casos de corrupción de Zapatero, habrá un partido de Liga, empieza la Champions... Y de repente Ceuta pasa de estar en las portadas a estar en la página 7 y, después, quizá, en la página de sucesos. Nosotros no vamos a permitirlo. Por eso esta misión es necesaria.
A partir de ahí, ¿confío en la práctica en que el Parlamento Europeo vaya a hacer algo? Pues, por desgracia, no. Hemos promovido misiones para la protección de las menores en Baleares y no ha pasado nada. Hemos promovido misiones para perseguir los delitos cometidos por ETA que todavía no han sido resueltos y tampoco ha pasado nada. También hemos promovido una misión para controlar los fondos europeos y, de nuevo, nada. Al final, hay una especie de propaganda del bloque popular-socialista. En cualquier caso, nosotros no hemos pedido esta misión para hacer propaganda, sino porque hay que ir y estar allí. Y vamos a seguir ejerciendo lo que los españoles nos piden: que Ceuta esté en la portada de nuestra actividad política ahora y hasta que haya elecciones, cuando las haya, y después también, por supuesto.
P: Ustedes siempre han sido ustedes muy críticos con el Partido Popular, les han calificado como tibios a la hora de hablar de inmigración. Pero en estos días estamos escuchándoles utilizar términos como invasión o pedir la remigración de todas estas personas.
R: No, eso no lo han pedido aún, pero bueno, puede que lo pidan.
P: Le quería preguntar si sienten que hay un acercamiento en cuanto a políticas de inmigración entre PP y Vox.
R: Creo que no es en el futuro, ahora mismo estamos en cuatro gobiernos regionales, con cuatro gobiernos de coalición en cuatro regiones en España y bueno, dentro de lo que ya hemos explicado, que es un gobierno de coalición y por tanto no es nuestro programa, no es exactamente la política que le gustaría a Vox, estamos racionalmente de acuerdo. Por interés electoral o por el motivo que sea, es verdad que empiezan a repetir gran parte de nuestros argumentos, incluso copiándolos literalmente. Yo no me enfado, no soy de los que se enfadan.
Oye, si ahora uno del PP dice exactamente lo mismo que decía Santiago Abascal o lo que he podido decir yo, o Rocío de Meer, Figaredo o Pepa (Millán), pues yo me alegro, porque en el fondo para eso estamos en política, para cambiar la opinión de la gente, incluso para cambiar la opinión de nuestros contrincantes políticos. Ahora bien, lo importante son los hechos. Hay que votar en el Parlamento Europeo, hay que tomar decisiones, hay que exigir responsabilidades y no solo a Sánchez, sino también a Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión. Yo le envié la pasada semana una carta pidiendo una serie de medidas, entre ellas, por ejemplo, la suspensión de pagos a Marruecos. Pues que el mismo día que yo envío la carta a von der Leyen, recibo una carta del comisario de inmigración que me dice que va a soltarle 160 millones de euros a Marruecos para su política de control de fronteras. ¿Qué narices es esto? Hemos visto los vídeos, que los bajaban de los camiones y los estaban ahí empujando contra nuestra frontera y ya le vamos a dar 160 millones. Hablo del comisario Brünner un austríaco del Partido Popular. Vamos a hacer una política de verdad para defender Europa, nuestras fronteras y expulsar a todos los que tienen que ir.
P: Entiendo que al menos consideran que la ventana de Overton sí que la han movido un poquito hacia la derecha.
R: La hemos movido poquito, nos queda muchísimo por mover. Overton se va a enterar.
P: Cambiando de tercio, quería preguntarle por la ley de nietos, con la que ha sido usted muy crítico. Ha señalado que está en juego el Estado democrático y un proceso electoral limpio. Le quería preguntar qué acciones plantean ustedes
R: Pues hemos hecho ya muchas cosas y están todas en marcha. Por supuesto, fuimos el partido que interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática y, en concreto, contra esa disposición adicional. Hemos hecho de todo: desde presentar una querella contra Sofía Puente, la autora de esa instrucción de la Dirección General que, a nuestro juicio, cambia la ley para permitir que millones de extranjeros puedan adquirir la nacionalidad española en contra de lo que establece la propia ley, hasta pedir la nulidad de esas instrucciones y denunciar el asunto ante la Comisión Europea y la Comisión de Venecia.
Y, en concreto, hemos presentado un recurso contra la Junta Electoral Central pidiendo al Supremo una cosa muy sencilla: que le diga a la Junta que verifique si quienes se inscriben en el censo son verdaderamente españoles de acuerdo con la disposición adicional octava o si, por el contrario, hay personas que han accedido a la nacionalidad por la puerta de atrás, aprovechando esa instrucción de la hermana de Óscar Puente.
Y vamos a seguir. Porque, efectivamente, yo lo repito: está en juego el Estado democrático. La base de un Estado democrático es que todos los españoles puedan votar, pero solo los españoles, y que el voto de todos los españoles valga lo mismo. ¿Qué ha hecho Sánchez? Ha preparado una estrategia en virtud de la cual, primero, mediante una instrucción de la hermana de Óscar Puente, nombrada directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se cambia en la práctica el alcance de la ley.
P: ¿En qué consideran ustedes que se está vulnerando la ley?
La ley decía que serían españoles los hijos o nietos de quienes originariamente fueron españoles y se hubieran exiliado y hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Entonces, Sofía Puente dice, literalmente, que donde la ley establece eso, hay que dividirlo. De esta manera, pasarían a ser españoles los exiliados, quienes hubieran perdido la nacionalidad y, en general, todos los hijos o nietos de personas que originalmente fueron españolas, aunque ellos no hayan estado nunca en España. Y así llegamos a esas dos millones de solicitudes de nacionalidad española. Y, si se inscriben en el censo, van a votar.
Y van a votar irregularmente. Porque, como nunca han vivido en España -ni ellos, ni sus padres, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos-, el Gobierno utiliza un mecanismo que, en la práctica, les permite elegir el municipio o, en su caso, la oficina consular desde la que ejercer su derecho al voto, determinando así dónde votan. Creo que los españoles merecemos una respuesta. No hemos tenido información por parte del Gobierno. Un Gobierno que engaña, que no da la información, que no es transparente y que, por tanto, nos obliga a acudir a los tribunales. Lo estamos haciendo por la vía legal, de forma limpia y transparente. Y, a partir de ahí, ya veremos. Pero todo eso, ahora mismo, falla. Falla por culpa del Gobierno.
P: Quería que me evaluase las cifras de esta ley de nietos. La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española habla de 306.000 personas que ya tienen la nacionalidad y que podrían sumarse 2,1 millones más. Son cifras abrumadoras.
R: Sí, esos serían los números si todos los que han pedido la nacionalidad, de acuerdo con esa disposición adicional octava y las instrucciones, finalmente la obtuvieran. Estamos hablando de más o menos entre 20.000 y 30.000 nuevos españoles al mes. ¡20.000 o 30.000 al mes! Personas que no cumplen los requisitos que establecía la disposición adicional octava y que pasan a ser españoles y, si son mayores de edad, van a poder votar.
Las diferencias en las cifras se deben, básicamente, a dos cuestiones. Primero, a cierta lentitud en la tramitación de los expedientes. Y, segundo, a que va a haber más solicitantes de nacionalidad que inscritos en el censo porque, claro, los expedientes de menores de edad no van a estar inscritos a la hora de votar. Pero es igual: es un votante que ahora, a lo mejor, Sánchez no tiene, pero que mañana cumple 18 años y ya tiene un nuevo votante.
P: Por último, le quería preguntar por una información que publicamos en en Vozpópuli. El pasado 10 de agosto contamos que tanto ustedes como el Partido Popular enviarán interventores a Iberoamérica para controlar la limpieza del voto. ¿Cuál va a ser el despliegue que van a hacer allí para que se garantice el respeto a la cadena de custodia?
R: Todo lo que podamos, todo lo que nos permitan nuestra capacidad y la voluntariedad y generosidad de los españoles que quieran dar ese paso adelante, sabiendo que en Cuba la gente de Vox no se va a poder desplegar. Tampoco en Nicaragua, donde Ortega dice que, como va a perder las elecciones, no las convoca. Es el modelo democrático de la izquierda mundial. Vamos a hacer todo lo que podamos.
Lo hacemos también en otras capitales. En Bruselas, por ejemplo, tenemos muchos voluntarios, gente magnífica que, a lo mejor, pierde cuatro o cinco horas estando en la oficina consular, como un apoderado o un interventor en unas elecciones presenciales en la Península. Ellos están allí durante ese día, organizados por turnos.
Y aprovecho que me hacéis esta pregunta para decir que todos aquellos españoles que ahora vean Vozpópuli, o que lo vean en los vídeos cuando esto empiece a difundirse, que lo sepan: necesitamos su apoyo. Si viven en Argentina, en Perú, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo, en Trinidad y Tobago... Cuando llegue el momento, que acudan a la llamada de Vox para estar allí, en esas oficinas consulares.
Es que la situación es muy grave. Sabemos que se han multiplicado por un 200% o un 300% los españoles que van a poder votar, esos españoles no residentes en España como consecuencia de la Ley de Nietos, según ha reconocido la propia Oficina del Censo Electoral. Prácticamente en todos los países del mundo, pero muy especialmente en toda Hispanoamérica.
La clave de (casi) todos nuestros males económicos
En
política económica sólo cabe elegir entre políticas capitalistas
o políticas anticapitalistas
José Luis Feito. Vozpópuli. 9
Septiembre 2026
Como es bien sabido por la mayoría de economistas y percibido por buena parte de la población, la sociedad española padece serios problemas económicos a pesar del crecimiento aparentemente robusto que se está registrando estos últimos años.
Un indicador que delata estos problemas es el práctico estancamiento de nuestra renta per cápita en términos reales en los últimos 7 años, que apenas se ha acercado a la de los países europeos más ricos y ha sido alcanzada e incluso sobrepasada por la de varios países que estaban detrás de nosotros. Una renta per cápita comparativamente baja y prácticamente estancada implica salarios reales comparativamente bajos y prácticamente estancados, así como beneficios reales per cápita relativamente bajos y prácticamente estancados. Por otra parte, la tasa de paro sigue siendo la mayor de la Unión Europea y la inflación supera la media de los países de la eurozona.
Riesgo de pobreza
Otra evidencia preocupante es el insuficiente mantenimiento de las infraestructuras públicas y la palmaria insuficiencia de las mismas para una sociedad de 50 millones de habitantes que acoge un flujo anual del orden de 100 millones de turistas. Como también es socialmente dañino el enorme déficit de viviendas y las limitaciones del acceso a la misma, ya sea en propiedad o alquiler, notablemente más severas que las existentes en cualquier otro país europeo. No menos preocupante es la catastrófica erosión del capital humano puesta de relieve por el reciente informe Pisa, el peor de la historia para nuestro país con resultados muy inferiores a los, ya de por sí paupérrimos, de 2019. Por no hablar del aumento del riesgo de pobreza en medio de la supuesta abundancia de PIB.
La clave última de todos estos males reside en la escasa capitalización de nuestra economía, el bajo valor del stock de capital público y privado en relación con el volumen de empleo de la economía. A pesar del ciclo expansivo vivido por la economía española durante los últimos años, el avance de la inversión privada y pública ha sido sustancialmente inferior al crecimiento del empleo. En consecuencia, el stock de capital se sitúa un 2-3% por debajo del nivel de 2019 (según datos de BBVA-IVIE). Es interesante recalcar que la inversión pública neta, la inversión pública bruta menos los gastos de amortización o consumo de capital fijo, ha sido negativa.
El aumento de la relación capital/trabajo es el determinante fundamental del avance de la productividad laboral y por ende de la renta per cápita. En efecto, el crecimiento de la renta per cápita es la suma de dos componentes: la variación de la tasa de empleo y el ritmo de variación de la productividad. Este ritmo, a su vez, depende de la evolución de la relación capital/trabajo (ponderada por la productividad marginal del capital) y de variables como la innovación, difusión de cambios tecnológicas y mejoras de eficiencia que se subsumen en el concepto de productividad total de los factores.
Relación capital/trabajo
En general, los países de mayor renta per cápita son los que tienen mayor capitalización, mayor dotación de capital por unidad de trabajo, y los que registran mayor crecimiento de dicha dotación suelen ser aquellos en los que más crece la renta per cápita. Las excepciones a esta regla la constituyen aquellos países en los que la composición o parte del stock de capital es muy ineficiente de manera que su baja productividad anula los efectos beneficiosos de la abundancia del mismo. El crecimiento del PIB durante estos últimos años ha obedecido esencialmente al aumento de la población y de la tasa de empleo inducidos por los abultados flujos de inmigracion mientras que la variación de la relación capital/trabajo ha sido negativa. Consecuentemente, la productividad y la renta per cápita apenas han variado.
Como se ha dicho antes, aquí reside la fuente de nuestros problemas económicos, en la relativamente baja inversión pública y privada realizada estos últimos años en proporción al crecimiento del empleo y la población. Durante este periodo, los costes de financiación de empresas y sector público han sido inferiores al crecimiento de sus ingresos (que han sido proporcionales o superiores al crecimiento del PIB nominal). Dadas estas holgadas condiciones financieras y la disponibilidad de fondos europeos, la inversión privada debería haber sido muy superior y otro tanto se puede decir de la inversión pública, teniendo en cuenta, además de los fondos europeos, la combinación de un déficit público estructural y un crecimiento extraordinario de los ingresos públicos. Cabe señalar, al respecto, que durante los últimos seis años los ingresos públicos han pasado del 39 al 43% del PIB mientras que la inversión pública ha oscilado entre el 2,5 y el 3% del PIB, una de las tasas más bajas de la UE.
La causa última de nuestra falta de capitalización, a pesar del favorable contexto financiero y la política fiscal expansiva, es la adopción de políticas anticapitalistas llevadas a cabo con orgullo y manifiesta satisfacción por el gobierno socialcomunista. La notable subida de impuestos al capital llevada a cabo ha frenado, y lo seguirá haciendo, la acumulación de capital privado, situándola muy por debajo de lo que se alcanzaría con niveles tributarios equiparables a los de los países más dinámicos de nuestro entorno. Igualmente, los elevados impuestos y la mala regulación en los ámbitos laboral, medioambiental y de la vivienda no sólo limitan seriamente la acumulación de capital privado sino que también impiden la asignación eficiente del mismo y erosionan su productividad.
Hostilidad hacia el empresario
En cuanto a la inversión pública, su escaso avance en términos netos a pesar del intenso crecimiento de los ingresos públicos delata igualmente los principios anticapitalistas de la coalición gobernante, destinando y malgastando cuantiosos recursos en todo tipo de subvenciones, burocracias y gastos denominados sociales pero que las más de las veces son repartos de renta a entidades afines al gobierno, y en todo caso menos beneficiosos para las condiciones de vida de la sociedad de lo que sería el adecuado mantenimiento y expansión de las infraestructuras. Todas estas políticas se han instrumentado en un contexto de inaudita hostilidad al empresario, a la actividad empresarial y, de forma más general, a la propiedad privada por parte de la coalición política gobernante. No es de extrañar que se resienta la inversión privada que no es otra cosa que la creación de empresas privadas y el aumento de la eficiencia, la capacidad innovadora y el tamaño de las mismas.
Las imprescindibles reformas
No será fácil revertir esta situación. Muchos informes de organismos privados e instituciones internacionales han enunciado las reformas de nuestro entramado institucional imprescindibles para elevar significativa y sostenidamente nuestro nivel de renta per cápita. No es el objetivo de este artículo detallar estas reformas. Baste consignar que sin cambios radicales en la fiscalidad, recortando la imposición directa (especialmente sobre el capital) y aumentando la indirecta, en la regulación medioambiental y la del mercado de trabajo, en la combinación de impuestos y regulaciones que están en toda la cadena de la oferta de vivienda, no se conseguirá converger con la renta per cápita de los países más ricos.
En política económica sólo cabe elegir entre políticas capitalistas o políticas anticapitalistas, esto es, políticas que potencian la capitalización de la economía y por ende aumentan la dotación de capital por trabajador, la productividad y la renta per cápita o bien políticas anticapitalistas que restringen la capitalización y las posibilidades de avance de las condiciones de vida de la sociedad. Quizá sorprenda, a los socialdemócratas de antaño y a los autodenominados progresistas de hogaño, saber que los países con políticas más capitalistas de la UE son Dinamarca, Suecia y los países bálticos.
******************* Sección "bilingüe" ***********************