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los recortes de prensa Desde hace algún tiempo, algunos de los
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Euro
and Europe doomed by Spain's inefficiency The Spanish government has no intention to attack the intrinsic inefficiency problem, otherwise it should already have abolished the laws of regional languages. This measure would destroy inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, and benefits are outstanding. Spain has seventeen regional governments partitioning the country with laws and languages. Therefore, the disassembly of the regional system, by abolishing the laws of the regional (and many local) governments and reducing the redundant government employees is also compulsory. This measure means a heavy social cost, two million people should be laid off, but the private sector could recover and start creating productive jobs. As a byproduct, professionals of politics would probably disappear (as they are the problem). Spain will sink the
Euro and Europe unless it returns to common language and law. The deep problems of Spain's economy are paving the way to the destruction of the Euro and Europe and the Spanish governments have no intention to fix their problems, otherwise the first measure with zero cost, returning to the spanish common language by abolishing all laws of regional languages, should already have been taken. Basically, the inefficiencies of the governments and the unnecessary expenses are so high that no tax system can survive after the depletion of its citizens. Spain has a multitude of regional governments (seventeen) with many of them using different regional languages instead of the Spanish, and consequently the country is divided by laws and languages, the work force can't move unless families surrender themselves and the education of their children from their mother spanish language to the regional languages, government employees are valued more for their knowledge of the regional language than anything else, enterprises have to cope with many different and opposing laws written in different regional languages, and have to translate their operating business systems to them. Therefore, should the Spanish government have any intention to fix the problem, the first measure should have been to abolish all the laws concerning regional languages, letting the Spanish be the common language. This measure would destroy many inefficiencies affecting market, work force, education, legal, procedural, health, security systems and more. This measure has no cost, on the contrary benefits are absolute neccesity. The second measure should be the disassembly of the regional systems, abolishing the laws of the seventeen regional (and many local) governments and reducing the redundant and unnecessary government employees. This measure has a very heavy social cost, around two million people should be laid off, but by reducing those, unnecessary expenses, the private sector could recover and start creating productive work. As a byproduct, the superfluous class of professionals of politics would probably disappear (they are the problem). El español: una lengua viva.
Informe 2016. Instituto
Cervantes La colección de 'El valor
económico del español', un homenaje a nuestro
idioma Para descargar estos
libros Esta ambiciosa obra analiza la importancia que tiene el español como activo de las empresas que impulsa su internacionalización en mercados donde se habla el mismo idioma. ¿Sabías que las industrias culturales en español aportan hoy más de 30.000 millones de euros anuales? ¿Y que nuestra lengua es la tercera en la Red y que el 7,9 % de los usuarios de Internet se comunican en español? Son datos extraídos de la investigación 'El Valor Económico del Español', formada por 14 títulos, una ambiciosa investigación sobre la cuantificación económica de nuestra lengua, como una forma de lograr que apreciemos el valor cultural de este activo hablado por una comunidad formada por más de 500 millones de hispanohablantes. Te recordamos que en nuestra web están disponibles los 14 títulos gratuitos que conforman 'El Valor Económico del Español': • Atlas de la Lengua española en el mundo. Presentación gráfica y didáctica de la situación del español dentro de la riqueza y diversidad del universo de las lenguas. En 2016 ha salido la tercera edición revisada y ampliada de la obra. • Lengua, empresa y mercado. Analiza la importancia del español como activo que impulsa la internacionalización de las empresas en mercados que hablan el mismo idioma. • El futuro del español en EE.UU: La lengua en las comunidades de migrantes hispanos. El español es la 2ª lengua más hablada en Estados Unidos gracias a que las segundas generaciones de inmigrantes la mantienen como segunda lengua tras el inglés, un hecho novedoso en la historia de este país, conocido por ser un “cementerio de lenguas”. • El español, lengua de comunicación científica. Este libro analiza los aspectos cuantitativos y cualitativos del español como lenguaje científico y tecnológico. • El español en las relaciones internacionales. Un recorrido por la presencia del español en foros y organismos internacionales y su futuro en el mundo globalizado. • Valor económico del español. Compendio de conclusiones de la primera parte de la investigación sobre la proyección del español en tanto que lengua de comunicación internacional. • El español en los flujos económicos internacionales. Más de 500 millones de hablantes hacen del español un importante ‘puente económico’ sobre el Atlántico. • Economía de las industrias culturales en español. El español como lengua global aparece como un importante motor del desarrollo de las industrias culturales. • Lengua y Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Existen vínculos lingüísticos en el patrón geográfico de internacionalización de las operadoras de telecomunicaciones. • El español en la Red. El informe analiza la presencia de páginas web en español en la Red y las consecuencias que Internet tiene sobre la vida de las lenguas. • Emigración y Lengua. El papel del español en las migraciones internacionales. Estudia el efecto que tiene una lengua como el español en los procesos de decisión y en los resultados laborales y sociales del emigrante. • Las Cuentas del Español. Aborda uno de los aspectos cruciales de este ambicioso proyecto: la cuantificación del español en términos como el PIB o el empleo generados en la economía española en los últimos años. • La economía de la enseñanza del español como lengua extranjera. La enseñanza del español a hablantes de otras lenguas genera empleo y valor añadido. • Economía del español. Una introducción. Introducción del proyecto de investigación ‘Valor Económico del español’ que cuantifica la actividad productiva o de intercambio que la lengua aporta a la economía.
Si
te importa España, diez acciones indispensables 1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales. 2ª desmantelar el tinglado autonómico. 3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política 4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios 5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media 6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros 7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad 8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida 9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz 10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad ****** El
Nacionalismo Obligatorio en las Aulas A LAS
PERSONAS QUE HAN SACRIFICADO SU BIENESTAR PARA HACER PREVALECER LA
VERDAD www.educacionynacionalismo.com ****** Recortes
de Prensa Del libro de Manuel Jardón "A todos aquellos que piensan que
Recortes de Prensa Miércoles 25 Mayo 2022 Ucrania y Rusia enfilan su cuarto mes de conflicto sin paz a la vista ROSTYSLAV AVERCHUK. LEÓPOLIS. la razon. 25 Mayo 2022
Cuando los soldados rusos invadieron Ucrania desde tres direcciones a la vez hace tres meses, solo tenían comida para tres días. El liderazgo ruso claramente esperaba que su ejército reprimiera a la oposición en Ucrania dentro de este tiempo o al menos se sintiera lo suficientemente cómodo como para que sus tropas se reabastecieran de manera segura y ordenada. Muchos de los políticos y analistas extranjeros claramente compartían las predicciones.
Todo lo que sucedió entonces ya es historia. Ucrania ofreció una feroz resistencia a pesar de la superioridad rusa en el número de tanques, aviación, naves, drones y artillería. Cientos de miles de ucranianos han tomado las armas. Rusia logró capturar parte del territorio de Ucrania en el sur, avanzó en la región de Lugansk pero finalmente tuvo que retirarse apresuradamente del norte del país. Rusia se ha visto obligada a limitar sus objetivos inmediatos y centrar su ofensiva en un territorio mucho más pequeño, la región de Donbás en el este. También amenaza desde el sur a lo largo de la larga línea del frente en las regiones de Jerson y Zaporiyia.
Continúa desplazando a cientos de miles de ucranianos y asesina docenas de soldados ucranianos cada día. Ha alejado el Ejército ucraniano de algunas aldeas y pueblos en Donbás, como Svitlodarsk el martes, y se está acercando lentamente a Bahmut. También amenaza con cortar la ruta logística principal a Severodonetsk y rodear a las tropas ucranianas allí. Sin embargo, a pesar de tener hasta 20 veces más equipo militar, Rusia hasta ahora no ha logrado su objetivo de derrotar a la parte más experimentada del ejército de Ucrania en Donbás. Ha estado lanzando todas sus fuerzas una y otra vez aparentemente sin preocuparse por sus propias pérdidas. Ha perdido ya cerca de 29.000 mil soldados, según estimaciones ucranianas, con pérdidas similares a las que toda la URSS experimentó en 9 años de la guerra en Afganistán.
Durante las últimas semanas, Ucrania ha logrado alejar a las tropas rusas de su metrópoli oriental Jarkiv y desde entonces ha repelido los contraataques rusos. En el sur, Rusia ha dejado de intentar atacar en Jerson, atrincherándose ante una posible contraofensiva ucraniana. Continúa amenazando a Zaporiyia con batallas en curso cerca de Huliaipole.
A lo largo de toda la línea del frente, continúan agotadores duelos de artillería. Ya que la artillería ucraniana es superada en número, depende especialmente de la capacidad de maniobra y del uso hábil de los drones. Los drones acechan en los cielos sobre ambas fuerzas para encontrar y proporcionar coordenadas de las posiciones del enemigo. Con su munición limitada, Ucrania depende especialmente de la información proporcionada por los drones para gastarla de la manera más efectiva posible.
Rusia continúa utilizando la aviación, pero lo hace con moderación ya que los sistemas de defensa aérea de Ucrania, tanto portátiles como terrestres, continuaron derribando sus aviones de combate. La BBC citó el martes a tres fuentes en Rusia, confirmando que un piloto experimentado, un general retirado Kanamat Botashev, perdió su vida después de que un misil Stinger impactara su avión el domingo cerca de Popasna, en la región de Lugansk.
El grado de resistencia del Ejército ucraniano y su habilidad han convencido gradualmente a Occidente de que debe apoyar aún más a Ucrania. Más armas occidentales han comenzado a llegar lentamente a Ucrania, reemplazando y agregando al equipo ucraniano envejecido. Aún así, argumentan los líderes ucranianos, no es suficiente. Por encima de todo, según afirmó el martes su Ministro de Asuntos Exteriores Dmytro Kuleba, Ucrania necesita múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes, como los M270 o HIMARS estadounidenses. Podrían resultar cruciales para romper la presión rusa en Donbás, preparar el terreno para la contraofensiva ucraniana en el este y el sur, y desbloquear los puertos ucranianos para evitar la crisis mundial de alimentos. Y sobre todo, según el Presidente Zelenski, a salvar vidas de miles de ucranianos.
A medida que continúa la guerra de desgaste posicional, se discuten varios puntos de vista en Occidente sobre hasta qué punto y durante cuánto tiempo debería apoyar a Ucrania. Algunos aún investigan la posibilidad de que Ucrania renuncie a sus territorios para apaciguar a Rusia. Tales puntos de vista son recibidos con incredulidad por la mayoría en Ucrania, donde solo el 10% de la población apoyaría la medida, según la última encuesta, presentada el martes. La evidencia de crímenes de guerra, la movilización forzada en las así llamadas repúblicas en Donbás, el terror que Rusia ha desatado incluso en el este de Ucrania, supuestamente más prorruso, al bombardear sin piedad sus ciudades y pueblos, atestiguan claramente cómo trataría Rusia a los ucranianos en territorios anexados.
Según el teniente de alcalde de Mariupol, Petro Andryushchenko, cerca de 200 cadáveres fueron descubiertos debajo de las ruinas de un solo bloque residencial en la avenida Myr de la ciudad. La aviación, los tanques y la artillería rusa han reducido metódicamente la ciudad a escombros por negarse a ceder y han impedido los intentos de rescate de las personas que se escondían en los sótanos.
Los que sobrevivieron tienen que pasar la así llamada “filtración” por parte de los rusos. La filtración implica un interrogatorio y una revisión exhaustiva de las pertenencias, los teléfonos e incluso el cuerpo de la persona, ya que los rusos buscan cualquier signo de la actitud crítica a las acciones de Rusia y simpatía y conexiones con el ejército ucraniano. Según Andriushchenko, el 10% de los residentes no pasan la filtración. Estas personas son llevadas a la infame prisión “Izolyatsia” en la así llamada “República Popular de Donetsk” controlada por Rusia o un campo de concentración improvisado en Olenivka. Poco se conoce sobre su destino aparte de los informes sobre torturas físicas y psicológicas.
Además, más de 1,3 millones de ucranianos han sido trasladados a Rusia y repartidos por su vasto territorio sin posibilidad de recurrir a asistencia financiera, psicológica y judicial independiente. Los símbolos nacionales ucranianos son derribados de los edificios en los territorios ocupados y los letreros de las calles son reemplazados por otros en idioma ruso. Rusia no solo está matando ucranianos, sino que busca destruir la idea misma de ser ucraniano.
Conflicto no, genocidio de Rusia contra Ucrania Nota del Editor 25 Mayo 2022
Rusia está cometiendo un genocidio en Ucrania. Toda la humanidad tiene que estar al lado de Ucrania para que Rusia termine de masacrar a los ucranianos y comience inmediatamente a pagar la reconstrucción de Ucrania.
Bofetada del Supremo al pasteleo Bolaños-García Egea OKDIARIO. 25 Mayo 2022
El Tribunal Supremo ha rechazado los nombramientos del presidente y número dos de la Agencia Española de Protección de Datos, que habían sido previamente suspendidos de forma cautelar, al considerar que el procedimiento fijado por ley para escoger ambos puestos tras un concurso de méritos fue sustituido por un mero reparto a dedo entre el Gobierno y PP. Es decir, que el alto tribunal pone en evidencia el pasteleo entre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el anterior secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Los argumentos del Supremo son contundentes y representan una impugnación en toda regla del infame procedimiento de repartos de cargos públicos entre los dos partidos mayoritarios, algo que va contra la profesionalidad y el mérito. Se da la circunstancia de se llegaron a anunciar públicamente quiénes iban a ocupar los puestos antes de que comenzara el proceso de selección.
Y es que el procedimiento estaba viciado de raíz al emitir, el pasado 14 de octubre, la Secretaría de Estado de Comunicación y el Partido Popular un comunicado conjunto anunciando que el Gobierno y el partido habían llegado a un acuerdo para renovar ciertos órganos constitucionales. Al día siguiente se hicieron públicos los nombres para la agencia: Belén Cardona sería la presidenta y Francisco de Borja Adsuara iría a la Adjuntía de la Agencia de Protección de Datos. Con independencia de los méritos de ambos, lo cierto es que se publicaron antes los nombres de los designados que las bases del proceso de selección, algo que va contra un procedimiento de designación público y transparente.
Y es que, según el Supremo, no se respetó la normativa al pasarse por alto de manera flagrante los trámites para el proceso de selección. Tras la sentencia del Supremo, los dos mismos candidatos podrán ser elegidos para los puestos, pero tras pasar el proceso selectivo que desde el pasado junio exige la ley. Y es que las formas en democracia son una cuestión de fondo.
Canal Sur, motivos para la preocupación EDITORIAL. LGI. https://gaceta.es/ 25 Mayo 2022
La denuncia de VOX ante la Junta Electoral por la infracción continuada de la televisión autonómica andaluza, Canal Sur, de su deber de neutralidad informativa, nos relata, incluso mejor que la disolución ordenada por Moreno Bonilla del Parlamento andaluz para opacar las conclusiones de la Comisión sobre la corrupción socialista en la Faffe, cómo la distancia que hay entre el Partido Popular y el PSOE es, tantas veces, inexistente.
Cuando hace cuatro años, el PP andaluz prometió una regeneración integral de Andalucía tras más de 40 años de socialismo destructor, no pensamos que la regeneración se limitaría a copiar las artimañas socialistas en tantos aspectos y sobre todo en lo que al control, uso y abuso de los medios se refiere. Y no lo pensamos porque hace cuatro años todavía albergábamos alguna esperanza —optimismo patológico, lo llaman— de que el PP entendería el mensaje de obligación de cambio radical desacomplejado que los andaluces habían enviado. Grandes esperanzas frustradas.
Es verdad que lo de que el PP se coaligara con el partido hoy en extinción de ese experto en supervivencias personales llamado Juan Marín, el que permitió el último y desastroso Gobierno de la socialista Susana Díez, presagiaba que apenas nada iba a cambiar, y muy poco en el ente público de la radiotelevisión andaluza. El tiempo dio la razón a los agoreros y apenas un año después, el mundo sindical le retorció —con apenas dos fundidos en negro— el brazo al acomplejado Gobierno de Moreno-Marín y Canal Sur volvió al statu quo ante de manipulación informativa sin remilgos que hoy, ante la cercania de las elecciones, se dispara.
Es cierto que ahora sí que los sindicalistas de Canal Sur tienen motivos de verdad para estar preocupados. Ciudadanos, ese zombi inútil sin piernas y sin convicciones ya no les salvará y las encuestas —las de verdad, esas que todo el mundo sabe cuáles son— cuentan que Vox ha puesto al frente a Macarena Olona para ganar. Nadie duda de que si Vox estuviera el frente de la Junta de Andalucía, el partido de Abascal no usaría el canal para sus propios fines partidistas, como hizo el PSOE y hace el PP, sino que no habría canal que usar, con un ahorro de cientos de millones de euros en gasto político que se podrían aprovechar para algo que beneficie de verdad a los andaluces, como pagar mejor a los médicos de familia, mejorar la vida de los sufridos autónomos o cualquier otra cosa. Literalmente, cualquier otra cosa.
Libre Mercado entrevista a Arthur Laffer: "España se está quedando atrás" Diego Sánchez de la Cruz. libertad digital. 25 Mayo 2022
Arthur B. Laffer no necesita presentación. El economista estadounidense ha sido asesor de dirigentes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher y está considerado como uno de los mayores expertos fiscales del mundo. Libre Mercado se ha entrevistado con él para comentar los enormes retos económicos de nuestro tiempo, marcados por la inflación, el estancamiento del crecimiento o el impacto de la pandemia y de la guerra en Ucrania.
Nuestro entrevistado es optimista y cree que las cosas van a cambiar a mejor en los próximos años: "siento que volvemos a estar como a finales de los años 70. Por aquel entonces, Jimmy Carter llevaba más de dos años en la presidencia y había aplicado todo tipo de políticas socialistas en ámbitos como el gasto, la regulación o la energía. En el plano internacional, la situación no podía ser peor, con la crisis de los rehenes de Irán como prueba de ello. La popularidad del presidente demócrata caía en picado y el poder legislativo no tardó en exigir un cambio de rumbo. Pues bien, creo que este mismo otoño veremos un avance importante de los republicanos, que ese avance atará las manos de Biden en el Senado y en la Cámara de Representantes y que las cosas empezarán a cambiar a mejor como resultado de ese giro".
"Ya en aquel tiempo, con Carter en la presidencia, se aprobaron una serie de rebajas fiscales, con rebajas en el IRPF de las rentas del ahorro y del capital, recortes en el Impuesto de Sociedades y todo tipo de referéndums que se saldaron con medidas restrictivas de la tributación, por ejemplo en Cataluña donde los votantes introdujeron un tope a los impuestos que se aplicaban sobre la propiedad de inmuebles. Además, la inflación estaba por las nubes y el propio Carter se concienció de ello y aceptó que la Reserva Federal pasase a estar en manos de Paul Volcker, quien puso fin a los excesos de toda una década de expansión monetaria", recuerda quien también fue arquitecto de la histórica rebaja fiscal de Donald Trump.
Sin dejar la historia, Laffer insiste en que, "en aquel contexto de estanflación, la economía estaba hundida, pero en el ambiente político había cambiado la conversación. El cambio no estaba asegurado, pero se podía intuir. ¡Olía a éxito! Y entonces apareció Ronald Reagan. Aquello fue imparable. Me recordaba a un persona literario tan español como el Caballero de la Mancha, Don Quijote, con su contagioso idealismo. Eso es lo que necesitamos ahora, un liderazgo en torno al cual llevar ese cambio hasta el final pero, de momento, el cambio en las elecciones legislativas de noviembre parece imparable".
¿Volverá a pasar lo mismo? Según explica nuestro invitado, "en las últimas encuestas, la aprobación de Biden es muy baja, de apenas un 42%. De hecho, desde el verano de 2021, el número de estadounidenses que suspende su gobierno ya es superior al porcentaje que le da su visto bueno. Precisamente ese es el periodo en el que la inflación se ha disparado, primero rebasando el umbral del 4%, después el del 5%… y así hasta llegar al entorno del 10%. Todo favorecido por una Reserva Federal que se ha dedicado a imprimir dinero a mansalva y por un gobierno federal que no ha parado de gastar muy por encima de lo que ingresa, confiando en que el "dinero gratis" se lo permite e ignorando las consecuencias económicas tan graves que se derivan de este tipo de política".
Los años de Trump En opinión de Laffer, "en los años de Donald Trump estaban pasando cosas muy interesantes en el plano económico. Uno revisa los datos de enero o febrero de 2020 encima de la mesa, no cabe duda de que el empleo estaba en mínimos históricos, los salarios estaban acelerando su crecimiento hasta alcanzar tasas que no se veían en varias décadas, el crecimiento iba en aumento…".
Lejos de alejarse de la figura de Trump, como han hecho otras figuras influyentes de la derecha americana, el autor de la célebre Curva de Laffer se muestra orgulloso de la influencia que tuvo en la anterior Administración: "yo jugué un papel muy importante en el desarrollo de su reforma tributaria, que duplicó el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de todos los contribuyentes y también recortó de forma significativa el Impuesto de Sociedades, no solo bajando el tipo general sino además permitiendo que las inversiones realizadas se descuenten plenamente en el año en que se realizan, sin necesidad de realizar largas amortizaciones que se extienden durante el tiempo y que reducen el atractivo fiscal asociado a tales decisiones de tanta importancia para el crecimiento empresarial".
"La política no solo gira en torno a la economía, por vital que sea también hay otros aspectos que influyen. En ese sentido, la pandemia del coronavirus jugó un papel muy grande en la no reelección de Donald Trump. A veces, los shocks geopolíticos tumban a un gobierno que aprueba buenas políticas económicas, de igual modo que en otras ocasiones ocurre lo mismo con un Ejecutivo que está avanzando por mal camino en ese frente. En este caso, creo que Trump estaría en la Casa Blanca de no haber sido por todo el caos asociado a una pandemia", señala.
Biden, acorralado por la inflación En cambio, "pese a que la pandemia ya parece cosa del pasado, el rechazo popular que despierta Biden va a ir en aumento. Ante la inflación, por ejemplo, su respuesta ha sido culpar a las "empresas codiciosas", vincular la subida de los precios a las estrategias de los "conglomerados de la industria cárnica"… y las líneas generales de sus presupuestos son gasto, gasto y más gasto, es decir, que pretende seguir sobrecalentando una economía que está ya "achicharrada" con un aumento de precios tan fuerte como el que estamos viviendo".
"Formé parte del departamento de Economía de la Universidad de Chicago, trabajé de la mano de economistas como Milton Friedman, como Robert Mundell… Jamás pensé que la inflación que vivimos entonces volvería a ocurrir de nuevo, parecía que la dura experiencia de los años 70 había sido suficiente, pero Friedman decía que los gobiernos nunca aprenden y la verdad es que no le faltaba razón", apunta.
"La inflación nos hace daño a todos. No es momento de ponernos a decir que le hace daño a "los pobres", a "las mujeres", a "las minorías"… porque lo cierto es que toda la economía está mal y, por tanto, el daño lo están sufriendo todos, los pobres y los ricos, las mujeres y los hombres, las minorías y el conjunto de la población. Ese es uno de los rasgos característicos de la inflación, un monstruo que destruye el poder adquisitivo y los ahorros de todos, empobreciendo a todo el país", insiste.
"Los datos de España son malos, porque la economía está un 4% por debajo de la producción anterior a la pandemia. El país se está quedando atrás, yo recuerdo que en los años de Aznar era justo al revés. Pero en Estados Unidos no estamos para tirar cohetes, porque también estamos un 2% por debajo de los niveles de actividad de 2019. Vamos por mal camino, estamos francamente mal. De hecho, Estados Unidos estaba creciendo muy por encima de Europa, mientras que ahora vemos que muchas economías europeas ya han recuperado el PIB previo al coronavirus y nosotros, como España, nos quedamos atrás", lamenta Laffer, quien muestra su deseo de que el cambio de aires que espera para su país llegue también al nuestro.
"En España, en Europa y en Estados Unidos habla mucho de desigualdad y, a renglón seguido, se lanzan propuestas fiscales al respecto. Ahí están las obras de Piketty, Saez, Zucman… que han tenido tanto impacto en la izquierda estadounidense y europea. Pero la evidencia es demoledora: cada vez que suben los impuestos, especialmente a los ricos, toda la economía se comporta peor, de modo que esa pretendida reducción de la desigualdad o no se produce, o se da a costa de que tengamos menos inversión, menos empleo, menos actividad, etc.", reflexiona el experto.
Y antes de despedirse, Laffer nos deja una última lección fiscal: "el Impuesto sobre la Renta tiene algo más de un siglo de historia. Cada vez que ha subido, la recaudación obtenida de quienes más ganan ha bajado y el crecimiento y la inversión se han resentido. Y cuando se ha reducido, se han generado incentivos tendentes a elevar el crecimiento y la inversión, lo que ha elevado la recaudación. Los datos son demoledores y así lo demostraré en mi próximo libro, que se publicará a lo largo de este mismo año".
El Supremo y los indultos EMILIO CAMPMANY. libertad digital.
25 Mayo 2022 La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estaba compuesta por tres magistrados progresistas y dos conservadores cuando rechazó el recurso presentado contra los indultos. Alegaron, conforme a doctrina reiterada, que los partidos políticos no tienen derecho a recurrir los actos del Gobierno. Está bien que sea así porque, de otro modo, todas las decisiones del Gobierno se recurrirían. Quienes sí tienen derecho a hacerlo son los que hayan sido directamente perjudicados por la medida gubernamental cuestionada. En un indulto, los perjudicados son las víctimas de los delitos perdonados. Pero, en este caso, tratándose de un golpe de Estado, da igual que sea calificado como rebelión o como sedición, la perjudicada es la nación y es lógico que, en este excepcional supuesto, en vez de negar el derecho a recurrir a todos, lo que los haría irrecurribles, sea necesario aceptar que tengan legitimación quienes los recurrieron, aunque sean miembros de partidos políticos de la oposición.
Lamentablemente, el debate es irrelevante porque lo que decidió rechazar el recurso no fue la doctrina reiterada, sino el que la sección estuviera compuesta por tres magistrados progresistas y dos conservadores. Y lo que ha sido definitivo en favor de estimar el recurso de reposición y revocar lo que en su día decidió esa misma sección no ha sido la necesidad de que en este caso deba reconocerse legitimación a los partidos, sino que la sección ha cambiado su composición y ahora tiene tres magistrados conservadores y dos progresistas.
Sea como sea, el caso es que, tras recorrer este tortuoso camino, el Tribunal Supremo va a tener ocasión de pronunciarse sobre los indultos y sobre si el Gobierno actuó correctamente al darlos. Naturalmente, al tribunal nada más le corresponde comprobar si se han cumplido las formalidades legales, entre otras, que los indultos estén suficientemente motivados. Es obvio que no corresponde a los tribunales controlar la oportunidad de las decisiones políticas. Pero ocurre en este caso que las motivaciones reales para la concesión de los indultos no tienen su origen en la voluntad política de tomar una medida de gracia, sino que la decisión ha sido fruto del chantaje perpetrado por las formaciones a las que pertenecen los indultados, que amenazaron con hacer caer al Gobierno si éste no perdonaba a sus dirigentes. Que esta es la verdadera motivación y no la que pueda constar en el expediente no es algo discutible, pues es público y notorio. Evidentemente, el Supremo no controla las motivaciones políticas. Hasta ahí podíamos llegar. Pero siempre que sean legítimas. Y en este caso es evidente que no lo son, a menos que la extorsión deba estimarse legitima en nuestro ordenamiento cuando quien se somete a él es el Gobierno con el fin de conservar el poder.
Cuando los magistrados afines al Gobierno decidieron con argumentos espurios negar la legitimación a quienes recurrieron los indultos haciéndolos en la práctica irrecurribles en contra de uno de los principios generales del Derecho más importantes sabían muy bien lo que hacían. Como quizá también lo sepan quienes ahora han decido lo contrario.
El Gobierno lanza un récord histórico de plazas pero controlará el papel y el boli de los funcionarios para ahorrar Beatriz García. libertad digital. 25 Mayo 2022
El empleo público vuelve a crecer. El Gobierno ha lanzado otro récord de vacantes para funcionarios que alcanza la desorbitada cifra de las 44.787 plazas en 2022. Nunca antes en la historia de España se había aprobado una oferta de empleo público (OEP) de estas dimensiones.
De esta cifra, 34.151 plazas corresponden a la habitual oferta ordinaria y las otras 10.636 se encajan en lo que han llamado "oferta de estabilización de personal interino". Es decir, son las plazas para hacer fijos a una serie de interinos que no han aprobado la oposición.
"Es un día muy importante para todos los que creemos en lo público" celebró la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de ayer martes. Montero prometió "más y mejores servicios para toda la ciudadanía" con esta nueva convocatoria. "Es la mayor oferta de la historia. Va dentro de nuestro ADN" siguió aplaudiendo la ministra.
Como se observa en el gráfico anterior, el año pasado, el Gobierno de PSOE y Podemos sumó 30.455 nuevas plazas a la plantilla del Estado, lo que supuso otro nuevo hito en plena crisis económica y con el gasto público en niveles nunca vistos.
Hay que tener en cuenta que los salarios de los empleados públicos cerraron 2021 batiendo un récord histórico al rozar los 150.000 millones de euros. Ahora, el Ejecutivo se ha vuelto a superar.
¿Dónde estarán las nuevas plazas? Por áreas, dentro de las 34.151 plazas de la oferta ordinaria, se destinarán 25.471 plazas para la Administración General del Estado (15.880 de ingreso libre y 9.591 de promoción interna); 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna), y 1.737 para la Administración de Justicia (945 de ingreso libre y 792 de promoción interna). Dentro de las 10.363 de estabilización de empleo temporal, se ofrecen 4.691 plazas en Administración General del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.
Para María Jesús Montero es motivo de orgullo que esta nueva oferta de empleo público casi duplique a la de 2017, la última que promovió el Gobierno de Mariano Rajoy. Montero aseguró que desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se han aprobado más de 143.000 plazas en cinco ofertas, "más del doble que las que acordó Rajoy en siete años" presumió.
Que vayan en bici, controlarles los bolis... El mismo día que el Gobierno aprobaba esta nueva oferta de empleo público sin precedentes, el Ejecutivo también daba luz verde a un llamativo "Plan de medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General del Estado". Su objetivo es "racionalizar el uso de edificios e instalaciones administrativas y establecer formas de organización en el trabajo que propicien ese ahorro".
Sin embargo, el Ejecutivo no daba cifras de cuánto dinero de los contribuyentes piensa ahorrar con la implantación de unas medidas que van desde el control de la calefacción de los edificios hasta el control del uso del papel de oficina o los bolis que utilizan los funcionarios pasando por el fomento de la movilidad de los empleados públicos en bicicleta. Este es el detalle de algunas de las medidas:
Control de condiciones de temperatura adecuada en locales e instalaciones climatizadas. Impulso de la instalación en edificios e infraestructuras públicas de placas fotovoltaicas para autoconsumo. Seguimiento del uso de consumibles:
papel, plásticos y otros materiales de oficina. Se promocionará e incentivará el uso del transporte colectivo de los empleados públicos para promover la movilidad sostenible. Asimismo, se fomentará el uso de la bicicleta, para lo cual se habilitarán aparcamientos para estos vehículos en los edificios públicos. Por razones organizativas
debidamente motivadas se podrá autorizar la prestación
de dos días de trabajo a distancia. Establecimiento y racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento ofimático. Además, se revisará la potencia eléctrica contratada en estos inmuebles. Mantenimiento de un óptimo nivel de ocupación de los inmuebles.
¿Cuánto les subirá el sueldo? Sobre la negociación con los sindicatos para la subida salarial de los funcionarios en plena tormenta inflacionista, la ministra declaró que "no hay una fecha concreta" para empezar a hablar de este tema y explicó que, una vez pase el verano y se acerque la aprobación de los Presupuestos para 2023, "se intensificarán" las negociaciones.
En una situación normal, todavía sería pronto para hablar de cuánto van a subir los sueldos de los funcionarios en 2023 (la negocia Hacienda), pero con la inflación rozando el 9% en abril, a los sindicatos de funcionarios les aterroriza no poder compensar la subida del IPC o quedarse muy lejos de ella.
Montero ha reconocido que cuando se pactó la subida salarial para este año (2%) no estaba previsto el incremento que ha experimentado la inflación en los últimos meses, por lo que ha dejado entrever que la actualización de los salarios de los empleados públicos será superior a ese (2%). En el caso de los funcionarios, todo apunta a que la revalorización quedará lejos del IPC. Sin embargo, con los pensionistas el Gobierno sí va a actualizar las prestaciones según la inflación.
Según los cálculos que Funcas elaboró para Libre Mercado, cada punto de revalorización del sueldo de los 2,8 millones de asalariados que tienen las Administraciones Públicas implicaría un incremento del gasto de 1.500 millones de euros en los Presupuestos.
Por ejemplo, revalorizar el sueldo de los funcionarios según la inflación de diciembre de 2021 -el 6,5%- tendría un sobrecoste de unos 9.750 millones que recaería duramente sobre las maltrechas cuentas del Estado.
******************* Sección "bilingüe" *********************** CATALUÑA El PSOE pacta con los separatistas que el español no sea lengua vehicular en las aulas de Cataluña SEGUNDO SANZ. Okdiario. 25 Mayo 2022
El PSC ha pactado con los separatistas de ERC y JxCat y los comunes una proposición de ley en Cataluña para burlar las resoluciones judiciales que obligan a impartir al menos el 25% de horas lectivas en castellano. El texto de la iniciativa consensuada, que acaba de ser registrada en el Parlament, sólo reconoce al castellano un «uso curricular» cuando, en realidad, tiene consideración de «lengua vehicular», tal y como ha establecido el Tribunal Supremo recientemente.
«El castellano es lengua vehicular de la enseñanza en todo el Estado y las lenguas cooficiales lo son también en las respectivas comunidades autónomas, de acuerdo con sus Estatutos y normativa aplicable». Así lo subrayó el Alto Tribunal al confirmar el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCat) sobre el decreto 119/15 del Departamento de Enseñanza de la Generalitat de ordenación de las enseñanzas de la Educación Primaria.
Por su parte, la proposición firmada por los socialistas, los comunes y los separatistas recoge que tanto el catalán como el castellano son lenguas de «uso curricular» y señala que los porcentajes de enseñanza en cada una de ellas se fijará «de acuerdo con criterios pedagógicos».
La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ha cuestionado el acuerdo en las redes sociales: «El castellano es lengua vehicular, no curricular. Lo dice la Constitución, lo dicen numerosas sentencias del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y TSJC. Y lo exige la ejecución forzosa de la sentencia del 25%. No vamos a aceptar menos», ha remachado la plataforma.
Tras una intensa negociación en los últimos días, los cuatro grupos han registrado esta tarde en el Parlament dicha proposición de ley -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- sobre el uso de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.
El texto pactado sostiene además que el catalán será la lengua «normalmente usada» en la enseñanza en Cataluña, también en la acogida de nuevos alumnos, mientras que el castellano se utilizará «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro».
«Singularizada» La proposición de ley no entra a delimitar porcentajes y remarca que «el alcance de la presencia» de cada una de las dos lenguas cooficiales «se tiene que determinar exclusivamente con criterios pedagógicos y de forma singularizada para cada uno de los centros educativos».
En este sentido, el texto indica que se definirá cuántas asignaturas se imparten en cada lengua atendiendo a «la situación sociolingüística general, la de los centros y su entorno, los objetivos de normalización lingüística y la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito, de acuerdo con los instrumentos de control, evaluación y mejora de las competencias lingüísticas». La proposición consta de tres disposiciones adicionales, una de ellas sobre el «uso curricular» del aranés en la zona del Valle de Arán.
El daño de ETA a la economía vasca Vicente Benedito Francés.
vozpopuli. 25 Mayo 2022 El historiador Gaizka Fernández Soldevilla nos ha recordado el gran daño humano, dolor causado y el triste legado “envenenado” que nos deja el terrorismo, y que tendremos que afrontar. Y es que efectivamente han pasado ya más de una década desde que la organización criminal anunciara el fin de sus acciones, y, sin embargo, su legado económico sigue ahí con la destrucción de gran parte del tejido empresarial vasco y muchas menos oportunidades de empleo y así lo vemos la gran parte de ciudadanos que hemos vivido algún periodo de nuestras vidas en ese territorio. Basta recordar un informe reciente de la Cámara de Comercio de España y el Colegio de Economistas, sobre la evolución económica de las Comunidades Autónomas de 1975 a 2019. En él, Euskadi aparece como la economía con menor crecimiento económico de todo el Estado, con una pérdida de PIB relativo del 24%. Hay que recordar que en casi todo ese período de tiempo el País Vasco se ha beneficiado del Concierto Económico, por lo que no es aventurado pensar que, sin él, la caída hubiera sido aún bastante mayor, como ha destacado Luis Ramon Arrieta, que es colaborador del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de Deusto
Así, el coste directo se cifra en más de 25.000 millones de euros; se calcula que entre 10.000 y 15.000 empresarios y directivos fueron extorsionados, y se estima que hasta 40.000 personas se vieron obligadas a trasladarse fuera de su lugar de nacimiento o residencia. Los informes también indican que las empresas vascas sufrieron (en las décadas más duras) un ataque cada tres días, y que tres de cada cuatro empresarios sufrieron algún tipo de acoso. Se relata también cómo el objetivo de la banda terrorista (explicitado en su boletín interno Zutabe) era también alejar a los inversores extranjeros, lo que se tradujo en pérdidas de inversiones muy importantes para Euskadi. La fuerte caída de esa inversión -en aquellos momentos, supuso sólo el 2,7% del total del Estado frente a su potencial, que es superior al 6%-, la pérdida de la oportunidad de la entrada en la UE, y el desplome del “stock de capital” relativo (valor de las inversiones acumuladas de una economía) con una caída del 50% desde los años sesenta.
Durante las décadas de la acción terrorista, además de perder esas inversiones, centenares de empresas -miles si incluimos microempresas y autónomos- fueron deslocalizando sus estructuras e inversiones de Euskadi. En ese sentido hay que agradecer su esfuerzo, hoy más que nunca, a todos aquellos que soportaron la terrible situación vivida, y continuaron con su actividad empresarial allí, y recordar sobre todo a los que, por hacerlo, pagaron con su vida
El terrorismo sacudió a la sociedad vasca durante más de cinco décadas, causando la muerte de centenares de personas, miles de heridos e ingentes daños materiales, además de la falta de libertad personal y política. Uno de los colectivos que más sufrió, además de las fuerzas de seguridad, fueron los empresarios, ejecutivos y profesionales liberales.
El trabajo de investigación científica, más valorado, es el que publicaron los profesores Alberto Abadie y Javier Gardeazabal en el American Economic Review en el año 2003. Veamos a continuación algunos datos cuantitativos y cualitativos,resumen de diferentes estudios.
1/Coste directo de la acción terrorista de ETA basado en el informe pericial que se elaboró en relación al sumario 35/2002 abierto por el juez Garzón en la Audiencia Nacional.
Periodo 1970-1993 ============== Concepto Coste
Secuestros, extorsiones, atracos 86.730.000 Cierre central nuclear de Lemoniz 2.378189.000 Autovía Navarra-Guipúzcoa 98.560.000
Consorcio de Compensación de Seguros 207.365.000 Costes laborales y sanitarios 49.150.000 Indemnizaciones pagadas 69.970.000
Total 2.889.964.000
Periodo 1994-2003 =============== Concepto Coste
Secretaria de Estado de Seguridad 145.730.021 Direccion General de Policia 1.327.555.893 Direccion General de la Guardia Civil 1.260.727.760
Gobierno Vasco 666.862.254 Consorcio Compensación de Seguros 122.243.779 Indemnizaciones a víctimas del terrorismo 335.461.468
Pensiones por clases pasivas 266.784.551 Pensiones de la Seguridad Social 89.448.801 Instituciones penitenciarias 86.908-132
Seguridad de los partidos políticos 36.102.446 Central nuclear de Lemoniz 3.497.884.847
Total 7.837.707.952
Fuente: Informe sobre los costes económicos producidos por la actividad de ETA. Sumario 35/2002(2004 anexos 15-18).
A ello habría que añadir los gastos policiales, penitenciarios y de seguridad del primer periodo que podrían alcanzar alrededor de 4.000 millones y los costes ocasionados por ETA desde 2004 hasta el cese de su actividad terrorista, y que sólo en protección a amenazados ascendió a 1.625 millones de €.
En total, sumando todas las cifras y actualizando el valor al año 2020 estaríamos de un coste directo de la acción terrorista superior a los 25.000 millones de €.
2/Deslocalización de empresas (Grandes y Pymes) Se calcula que ente 10.000 y 15.000 empresarios y directivos fueron extorsionados y se estima que hasta 125.000 personas se vieron obligadas a trasladar su residencia fuera del País Vasco.
En cuanto a las grandes empresas son conocidos los casos de Michelin, BBV, Iberdrola, Eulen que, o bien cambiaron su sede central a Madrid o bien gran parte de sus oficinas.
3/Micro extorsiones, deslocalización de depósitos Se trata de una actividad que fue practicada por los terroristas, en visitas recurrentes a bares, tiendas, pequeños despachos, autónomos y otros establecimientos comerciales de los barrios de las grandes ciudades y pequeñas localidades del Pais Vasco bajo pretexto de apoyar a la causa de los presos terroristas. La renuncia al pago se traducia en amenazas y atentados menores o vandalismo.
4/Dificultad para atraer inversión extranjera Entre 1966 y 1971 la cuota media del País Vasco del total de la IED española fue del 6,7%, y en el periodo 1993 y 2011 la media fue del 1,8%
5/Perdida de Stock de capital Euskadi presenta el mayor descenso relativo en el stock de capital, desde los años 70 entre todas las Comunidades Autónomas. Hoy la cifra es un 43% menor que en aquellas fechas
6/Caída del Turismo En aquellas zonas como el Pais Vasco con actividades terroristas intensas y continuadas el impacto en el turismo ha sido duradero. Si bien hubo una clara mejora en el año 1998 y 1999, coincidiendo con la tregua de ETA y la apertura del museo Guggenheim.
7/Evolución del PIB y PIB per cápita Entre 1980-2000 en el País Vasco el PIB per cápita creció un 10% menos que la media del resto de Comunidades. Y comparando el crecimiento del PIB entre seis de ellas (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana. Andalucía, Navarra y el propio País Vasco) este último, es la Comunidad que tiene una pérdida de peso relativo mas importante, 16,6 puntos porcentuales en el periodo 1980-2016. Sin embargo, el grueso de esta pérdida se da entre 1980 y 1994, los años más duros del terrorismo.
8/Perdida de vocaciones y sucesión empresarial Consecuencia del impuesto revolucionario y a los atentados.Durante mucho tiempo una parte importante de la sociedad percibia al empresario como una persona culpable, que se había enriquecido ilícitamente y que debia pagar por sus actos, y no como victima injusta de la acción terrorista. Ahora no hay violencia terrorista, pero seguimos padeciendo la influencia destructiva que nos dejo ETA.
No obstante todo ello hoy nos encontramos en un espacio donde personas pueden desarrollar sus proyectos vitales y profesionales, y las empresas encuentran vanguardia, innovación, competitividad y bienestar. Creo que el País Vasco pasa ahora por un momento histórico para tener la oportunidad de estar en España en la posición que no ha podido disfrutar en las últimas décadas con la ayuda de la sociedad civil, y dentro de una UE cohesionada bajo un solo parlamento, un presidente, unos presupuestos únicos, un ejército común, una identidad fiscal y juridica. Esta UE que queremos la gran parte de los europeos, para que no se convierta Europa en un país de vacaciones para el resto del mundo y pueda ser una pieza clave junto a EEUU y China.
TRIBUNAL SUPREMO El Supremo rectifica y revisará la legalidad de los indultos de Sánchez a los golpistas MARÍA POMARES. Okdiario. 25 Mayo 2022
El Tribunal Supremo cambia su criterio y decide revisar la concesión de los indultos a los líderes independentistas catalanes. Así lo ha acordado la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que finalmente ha estimado los recursos interpuestos por los demandantes contra su anterior decisión, que rechazaba su legitimación para recurrir las medidas de gracia otorgadas por el Gobierno de Pedro Sánchez.
Este cambio de parecer se produce apenas cinco meses después de que el propio Tribunal Supremo rechazara todos los recursos presentados contra los nueve líderes del procés condenados por sedición. Entonces, la Sala decidió por tres votos a dos estimar las alegaciones previas presentadas por la Abogacía del Estado, que argumentaba que ninguno de los recurrentes estaba legitimado para impugnar la medida de gracia. Unos días más tarde, sin embargo, tuvo lugar un cambio en la composición de los jueces encargados de dirimir este asunto, con la entrada de la magistrada Inés Huerta, que finalmente ha inclinado la balanza a favor de revisar los indultos a los independentistas catalanes.
Así, en esta ocasión, además de Huerta, han apoyado la admisión de los recursos, los magistrados Fernando Román y Wenceslao Olea, salvo el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén, rechazado por unanimidad. En contra, se han posicionado Octavio Herrero y Ángel Arozamena, que han anunciado la formulación de voto particular.
De este modo, el Tribunal Supremo finalmente estudiará si las medidas de gracia que el Gobierno de Pedro Sánchez concedió al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, a la ex presidenta del Parlament de Cataluña, Carme Forcadell, a los ex consellers Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Form, Raül Romeva y Dolors Bassa, así como a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, fueron en realidad ajustados a Derecho.
Lo hará después de que PP, Vox, tres diputados de Ciudadanos, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y las asociaciones Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén recurrieran los reales decretos del Consejo de Ministros mediante los que se concedieron los indultos al considerarlos «un atropello democrático».
Aunque, en su día, Pedro Sánchez trató de justificar esa medida por razones de «utilidad pública», lo cierto es que, desde su concesión, han sido múltiples las ocasiones en las que se ha cuestionado la verdadera finalidad de la medida de gracia, toda vez los nueve líderes independentistas condenados nunca han mostrado su arrepentimiento.
CATALUÑA El PSC pacta con el separatismo una ley que omite el 25% de castellano y sólo reconoce el catalán como lengua "propia" y "vehicular" VÍCTOR MONDELO. el mundo. 25 Mayo 2022
El texto se aprobará esta semana en el Parlament, antes de que venza el plazo fijado por el TSJC para cumplir la sentencia que acaba con la inmersión
A una semana de que venza el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para acabar con la inmersión, el PSC se alía con el separatismo para impulsar una ley que omite la aplicación del 25% de castellano en las escuelas y que determina que el catalán es la lengua «propia» de Cataluña y «vehicular» en su sistema educativo.
La proposición de ley -que será aprobada a lo largo de esta semana por trámite de urgencia para que vea la luz antes de que expire el ultimátum de la Justicia- ha sido pactada entre los socialistas, ERC, Junts y los comunes tras semanas de negociaciones para dar con un texto de consenso con el que intentar burlar el histórico fallo que dinamita el monolingüismo educativo en Cataluña. El redactado final ha satisfecho al partido de Carles Puigdemont, que se había descolgado del acuerdo y amenazaba con hacer zozobrar el ardid.
Lejos de recoger un porcentaje de uso del castellano, como explicita la sentencia del TSJC, el texto sostiene -a petición de los socialistas- que el castellano será utilizado «en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro» y que el «la enseñanza y el uso curricular del catalán y el castellano tienen que estar garantizados y tener una presencia adecuada para que el alumnado adquiera un dominio oral y escrito de las dos lenguas oficiales al final de la educación obligatoria».
La ley establece que la presencia de las lenguas oficiales estará supeditada a «la situación sociolingüística de los centros, de su entorno o de los objetivos de normalización lingüística», con lo que escapa de la exigencia impuesta por el Alto Tribunal, que impone un 25% de clases en castellano en todas las escuelas de la región, lo que implica impartir una materia troncal más en la lengua común en todos los centros, sin excepción y sin dejar a su criterio la implementación del criterio fijado por la Justicia.
La normativa emana de las dos tentativas realizadas en su día por ERC y el PSC para relajar la inmersión. En 2018, los republicanos ya plantearon flexibilizarla en zonas mayoritariamente catalanoparlantes. Un año después, también los socialistas plantearon una «flexibilización» del modelo lingüístico. En ambos casos sus propuestas acabaron enterradas por falta de consenso en sus respectivas militancias. Ahora el partido de Pere Aragonès y el de Salvador Illa resucitan el espíritu de sus iniciativas para intentar convencer al TSJC de que modular la inmersión sin atender a porcentajes de uso del castellano es una medida suficiente para dar cumplimiento a su sentencia.
No opina lo mismo Pepe Domingo, redactor del recurso de la Asociación por una Escuela Bilingüe que llevó al TSJC a exigir la inminente ejecución de la sentencia. «Es una ley confusa y hecha de manera atropellada que no afecta a la sentencia y que no impedirá que el castellano sea lengua vehicular porque debe interpretarse conforme a la Constitución», vaticina.
Tampoco las fuerzas secesionistas dan por hecho que su argucia -que probablemente vaya acompañada de un decreto del Govern para reforzarla- vaya a servir para sortear el fallo del TSJC. El propio Aragonès admitió que sus maniobras «no garantizan al 100%» que el Govern no tenga que acabar acatando.
A la espera de conocer la reacción del Alto Tribunal, el Departamento de Educación de la Generalitat ha remitido una carta a los directores de los colegios de Cataluña instándoles a no atender ninguna reclamación de asociaciones como la AEB para implantar el 25% en sus centros.
Independientemente del resultado final de la operación, Aragonès obtiene el respaldo de los socialistas en un asunto tan crítico para la estabilidad del Govern como la inmersión. Lo recaba el día en el que el Tribunal Supremo ha decidido revisar los indultos a los líderes del procés y después de haber lanzado un público reproche al Ejecutivo de Pedro Sánchez coincidiendo con su primer aniversario como president. Recordó el dirigente de ERC que las negociaciones con el Gobierno no avanzan desde que los presos recibieran el perdón para ser excarcelados y recordó que la mesa sigue congelada por el espionaje de Pegasus.
Horas después, el PSC estampaba su firma en la ley que inaugura el cuatripartito lingüístico, el mismo que compone el Pacto Nacional por la Lengua, el foro que ambiciona extender el uso social del catalán como «lengua propia y completa».
El PSC pacta con los separatistas una proposición de ley para boicotear el fallo del 25% de español en las aulas Llegan a un acuerdo a última hora para registrar un texto que pretenden aprobar en el pleno del 'Parlament' de esta semana. Pablo Planas. (Barcelona). libertad digital. 25 Mayo 2022
El PSC pacta con los separatistas una proposición de ley para boicotear el fallo del 25% de español en las aulasPere Aragonés y Pedro Sánchez en un acto con la patronal catalana. | EFE
Socialistas, republicanos, posconvergentes y podemitas han alcanzado un acuerdo sobre la campana para ingresar en el registro del Parlamento de Cataluña una proposición de ley con la que pretenden frenar la aplicación de la sentencia que insta a impartir un 25% de las clases en español en los colegios catalanes. El plazo para el cumplimiento del fallo concluye el próximo día 31 de mayo, razón por la que los partidos partidarios de la inmersión lingüística en catalán y de la exclusión del español en la enseñanza aprobarán la ley esta misma semana a fin, dicen, de dejar en papel mojado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El principal escollo para el acuerdo es que Junts per Catalunya (JxCat) no quería retratarse con el PSC en un nuevo "pacto por la lengua" que supone la ratificación de las políticas de discriminación y erradicación del español practicadas en los últimos cuarenta años. El acuerdo tiene forma de proposición de ley sobre el "uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria" y de entrada refuta el criterio de aplicar porcentajes a la enseñanza de las lenguas.
También insiste que el catalán es el idioma "propio" y lengua "normalmente empleada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo y la de uso normal en la acogida del alumno recién llegado". "El castellano -añade la proposición- es utilizado en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro".
Para el PSC, se trata del blindaje del español en la enseñanza catalana. Para JxCat, ERC y los comunes, una concesión irrelevante que garantiza que las cosas sigan como hasta ahora en los colegios de Cataluña. De hecho, la proposición atribuye a la Consejería de Enseñanza la aprobación de los proyectos lingüísticos de cada centro "con criterios pedagógicos y de manera singularizada". En teoría, el español debería ser objeto de una cierta atención en las zonas donde menos uso social registra, según insisten los socialistas para justificar su apoyo a las disposiciones separatistas.
Para la oposición, esta proposición de ley recuerda las "leyes" previas al golpe de Estado independentista, tanto por las prisas como por la improvisación y su único objetivo es impedir la aplicación del fallo del 25% del español.
DICTADURA LINGÜÍSTICA BALEARES Armengol da
incentivos fiscales a los que den dinero a entidades separatistas
que fomenten el catalán
El Govern balear presidido por la socialista Francina Armengol concede incentivos fiscales de hasta el 15% a los que den dinero a entidades independentistas como la Obra Cultural Balear (OCB) o la Plataforma per la Llengua, organización que denuncia a los comercios que no rotulan en este idioma y que en determinados colegios de Cataluña controlan el uso de esta lengua en el patio de recreo.
El mismo Ejecutivo que favorece la deducción del 15% a las donaciones dinerarias a entidades que tengan por objeto el fomento de la lengua catalana, rechazaba este martes en el Parlament balear, por ejemplo, la creación de una nueva deducción autonómica en el IRPF por nacimiento, por un importe mínimo de 800 euros para el primer hijo, o rebajar en un 60%, el impuesto de donaciones de una vivienda que vaya a constituir la residencia habitual de un descendiente, entre una veintena de rebajas impositivas presentadas.
Los socialistas de Baleares no sólo destinarán este año en las tres principales instituciones que gobiernan (Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma) la cifra récord 5,5 millones de euros en subvencionar toda la red de chiringuitos independentistas catalanes en las Islas con la excusa del fomento del catalán, sino que, además, otorgan beneficios fiscales extra a los que hagan donaciones a estos colectivos.
La cerril negativa socialista a cualquier bajada de impuestos, que se tradujo en su voto de rechazo a la amplia batería de modificaciones tributarias presentadas por el principal partido de la oposición (PP), contrasta con los beneficios fiscales que se otorgan por el Ejecutivo balear a aquellos contribuyentes que aporten dinero a estas entidades independentistas para el fomento del catalán, caso de las citadas o de Joves per la Llengua, entre otras.
De hecho se podrán beneficiar de estas deducciones fiscales los que colaboren con entidades sin finalidades lucrativas siempre que el fin exclusivo, o principal que persigan, sea el fomento de la lengua catalana. Los beneficiarios en Baleares son las mismas entidades que obtienen pingües subvenciones desde la Administración autonómica desde que en 2015 aterrizara en el Consolat de Mar Francina Armengol.
Sin embargo los socialistas rechazaron, por enésima vez, incrementar los importes de la deducción autonómica a los contribuyentes con discapacidad física, sensorial o acogimiento de menores de seis años por motivos de conciliación; crear una nueva deducción autonómica en el IRPF por gastos derivados de estancias en residencias, centros de día o contratación de cuidadores, o eliminar el impuesto sobre transmisiones patrimoniales para la compra de la primera vivienda por un valor inferior a los 200.000 euros para los jóvenes menores de 30 años o personas con discapacidad.
Unas rebajas de primera necesidad, en este caso, tras la exclusión del mercado inmobiliario de los residentes en Baleares por el alza indiscriminada del 72% del precio de la vivienda desde que el actual Govern de Armengol accedió al poder.
Indultos a los golpistas: dudosa legalidad de una clamorosa injusticia EDITORIAL. libertad digital. 25 Mayo
2022 Nunca hubo "razones de justicia, equidad y utilidad pública" para conceder los indultos. Sólo hubo y hay conveniencia política de Pedro Sánchez.
Aunque el Tribunal Supremo emitiera hace un año un encomiable y demoledor informe (lamentablemente preceptivo pero no vinculante) contrario a la concesión de cualquier clase de indulto a los golpistas del 1-O, su Sala de lo Contencioso-Administrativo rechazó a principios de este año –por tres votos a dos– los recursos presentados contra los finalmente dictados por el Gobierno aduciendo una supuesta "falta de legitimación" de los recurrentes.
Este martes, sin embargo, esa misma Sala –y también por 3 a 2– ha rectificado su propia decisión y aceptado la admisión a trámite de los recursos presentados por PP, Cs, Vox y Convivencia Cívica Catalana rechazados en enero. Todo parece indicar que tan surrealista espectáculo se debe al cambio en la composición de la Sala tras la salida del magistrado progresista Segundo Menéndez y la llegada de la conservadora Inés Huerta.
En cualquier caso, está por ver que la admisión a trámite de esos recursos –cuya legitimidad no debió ser cuestionada por magistrado alguno– vaya a alterar la cuestión de fondo, que no es otra que la legalidad de la aplicación de los indultos, antigualla jurídica que, en nombre del Rey, promueve el Consejo de Ministros y que constituye en sí misma una suspensión del Derecho Penal.
En este punto conviene recordar la manifiesta injusticia de la ya ejecutada concesión del indulto a los golpistas, individuos que ni estaban al final de sus días ni han dado en ningún momento la menor muestra de arrepentimiento, sino todo lo contrario. Y es que en este caso nunca existieron esas "razones de justicia, equidad y utilidad pública" de las que habla la Ley de 1870 que regula el ejercicio de la gracia de indulto. Lo que existía era pura conveniencia partidista de Pedro Sánchez, pues, como bien señalase el Supremo en su informe no vinculante de 2021, "algunos de los que aspiran al beneficio del derecho de gracia son precisamente líderes políticos que, hoy por hoy, garantizan la estabilidad del Gobierno llamado al ejercicio del derecho de gracia".
Lamentablemente, "hoy por hoy", seguimos en manos de un Gobierno que depende de esos mismos golpistas y sus partido, que, lejos de retractarse, siguen públicamente comprometidos con el procès secesionista. Un Gobierno que sigue defendiendo indultar a sediciosos mientras ataca a Don Juan Carlos por "conductas poco ejemplares". Un Gobierno, social-comunista, rabiosamente liberticida, con el que escandalosamente el principal partido de la oposición parece estar dispuesto negociar la designación política de todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial...
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