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Los
recortes de ayer al final de la página
Si te importa España,
diez acciones indispensables
Nota del Editor 1
Noviembre 2011
1ª la lengua española para unificar mercado, educación, sanidad, justicia, legislación, seguridad, anulando toda la legislación sobre lenguas regionales.
2ª desmantelar el tinglado autonómico.
3ª deshacerse de la enorme casta de profesionales de la política
4ª simplificar y reducir el enorme aparato burocrático y millones de funcionarios
5ª deshacerse del intervencionismo de un estado ineficiente y depredador de los recursos de la clase media
6ª deshacerse de un estado indoctrinador y comprador de votos de unos con dinero de otros
7ª arreglar un sistema educativo desastroso con menos medios y más responsabilidad
8ª educar en valores humanos a una sociedad indoctrinada y adormecida
9ª liberalizar y optimizar un mercado fragmentado e ineficaz
10ª arreglar una justicia irracional, politizada, lenta, incompetente e irresponsable con menos medios y más responsabilidad
La
"normalización lingüística", una anormalidad
democrática. El caso gallego
Dedicado "A
todos aquellos que piensan que los idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para los idomas" Manuel
Jardón
Por
la normalización del español: El estado de la cuestion, una
cuestion de Estado.
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Del libro de Manuel Jardón
"A todos aquellos que piensan que
los
idiomas se hicieron para las
personas y no las personas para
los idiomas"
Recortes de Prensa Sábado 10 Octubre 2026
Operación Vivaldi: cómo Ucrania ha logrado ganar terreno en el frente y frenar el avance ruso
Andrea Polidura. El Debate. 10 Octubre 2026
El autócrata ruso, Vladimir Putin, ha ordenado a sus Fuerzas Armadas que se hagan con el control total de la región de Donetsk antes de que finalice este año. Pero el tiempo se agota: al Kremlin le quedan menos de tres meses para conquistar todo el Donbás, un objetivo que lleva persiguiendo desde hace más de diez años. Para lograr esta ambiciosa meta, las tropas del Kremlin tienen que hacerse con las conocidas como ciudades fortaleza de Ucrania, Sloviansk, Kramatorsk y Druzhkivka, y, según un reciente informe del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), al ritmo actual, las fuerzas rusas necesitarían hasta 2032 para controlar todo Donetsk.
Una fecha muy lejana a la marcada por Putin. Además, el Ejército ucraniano tampoco se lo está poniendo nada fácil a los invasores. Desde el pasado mes de mayo, Kiev mantiene una contraofensiva, bautizada como Operación Vivaldi, centrada sobre todo en el sector de Limán, pero que no se confirmó públicamente hasta el pasado mes de septiembre. Su nombre hace honor a la obra del célebre compositor barroco italiano Antonio Vivaldi, Las cuatro estaciones, ya que la contraofensiva ucraniana se ha dividido en cuatro fases.
Durante la primera «estación», las tropas de Kiev lograron limpiar unos 75 km² y liberar otros diez km². Una operación dirigida por el Tercer Cuerpo de Asalto del Ejército ucraniano y en la que recuperaron localidades como Novoselivka, Oleksandrivka, Yarova y Serednie. En una segunda fase, se avanzó otros 40 km² y se liberaron los pueblos de Shandryholove y Derylove, además de establecerse el control total sobre Drobysheve. En la tercera etapa, el objetivo de la operación fue Nove, descrito por el mando ucraniano como un importante nodo ruso, mientras que la cuarta y última etapa o «estación» de esta contraofensiva ucraniana en Donetsk se desarrolla en la actualidad.
A finales de septiembre, el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, visitó por sorpresa el frente de combate cerca de la ciudad de Limán, desde donde aplaudió el éxito de la Operación Vivaldi. «Rusia ha sufrido más de 5.000 muertos o heridos, y otros 250 invasores han sido añadidos a nuestro fondo de intercambio. Desde el inicio de la ofensiva, Ucrania ha recuperado el control de un total de 176 kilómetros cuadrados de territorio», aseguró entonces Zelenski. Sobre la contraofensiva, el ucraniano advirtió de que se trata de «una operación seria, importante en muchos sentidos para nuestra defensa en general y para el Donbás en particular».
Ese mismo día en el que el mandatario visitó la línea de frente en Donetsk, la Presidencia de Ucrania publicó un comunicado en el que confirmaba que los combatientes del 3.º Cuerpo de Ejército, junto con las unidades adyacentes, ya habían llevado a cabo tres fases de la Operación Vivaldi. En este mismo comunicado, destacaban que una de las principales características de esta contraofensiva ha sido el uso de vehículos terrestres no tripulados (UGV) para operaciones de sabotaje. «Una de las tácticas empleadas consistió en montar lanzagranadas de un solo uso en UGV kamikaze. También se ha introducido la táctica 'Gryphon', que implica el despliegue de UGV mediante bombarderos pesados», pusieron como ejemplo.
Por ahora, parece que Ucrania ha logrado no solo frenar el avance ruso en Donetsk, sino también ganar terreno. En un análisis del pasado mes de septiembre, el ISW asegura que la Operación Vivaldi ha logrado «interrumpir el intento ruso de rodear ampliamente el cinturón de ciudades fortaleza del Donbás». El llamado 'Cinturón de Fortalezas' comprende fundamentalmente Sloviansk, Kramatorsk, Druzhkivka y Kostiantynivka, y constituye la principal línea defensiva ucraniana en el Donetsk que todavía controla Kiev.
Aun así, el think tank estadounidense rebaja el terreno recuperado por Ucrania a unos 122 km², en comparación con los 176 km² que asegura Zelenski. A pesar del baile de cifras, la realidad es que Putin tiene muy complicado cumplir sus objetivos en el Donbás para final de año. A esto hay que sumar, además, la ofensiva ucraniana contra las refinerías rusas, que está afectando directamente a los ingresos del Kremlin para financiar su invasión.
Ante esto, Moscú ha respondido redoblando los bombardeos contra las grandes ciudades ucranianas, como su capital, tratando de hacer inhabitables los grandes núcleos urbanos. En los últimos cuatro días, Rusia ha atacado los puentes de Kiev que cruzan el río Dniéper, tratando de aislar las orillas. Zelenski ya ha advertido de que el Kremlin busca expulsar a los ucranianos de sus ciudades, algo que no consiguió ni siquiera cuando lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, donde los rusos llegaron hasta los alrededores de Kiev.
Guerra
Ucrania ataca una terminal petrolera rusa horas después del acuerdo alcanzado entre Trump y Putin para liberar diésel ruso
El Mundo. 10 Octubre 2026
Ucrania ha atacado durante la pasada noche una terminal petrolera en la sureña región de Rostov, pese al acuerdo de suministro de diésel alcanzado en la víspera entre los presidentes de EEUU, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, según informaron hoy las autoridades y medios independientes.
En Rostov del Don, la capital regional, se desató un incendio en la terminal petrolera Yug Rusí, encargada del almacenamiento y bombeo de combustible de la refinería Neftezhájinsk, instalación que ya había sido alcanzada por drones ucranianos el pasado 9 de julio. Informa el canal de Telegram independiente ruso Astra y recoge Efe que durante el ataque nocturno, en el que fueron derribados más de cien drones, también "resultó dañado un puente ferroviario", según informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local Yuri Slúsar.
"Se detuvo el tránsito de trenes en ambas direcciones. Se verifica la información sobre posibles víctimas. Los servicios de emergencias trabajan en el lugar de los hechos", indicó.
Posteriormente señaló que durante el ataque fueron heridas seis personas y dañados varios edificios y casas particulares. Se desató un incendio en un edificio en construcción en la localidad de Batáisk.
Además, en el mar de Azov fueron atacados dos buques, sin que se reportasen víctimas.
El ataque contra la instalación petrolera rusa tiene lugar apenas horas después de que Trump y Putin acordaran en una conversación telefónica que Rusia suministrará petróleo y derivados a los mercados estadounidense y mundial, para bajar los precios del diésel en el mercado internacional. En su red Truth Social, Trump anunció que durante "una conversación sumamente exitosa" con Putin se acordó que "Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel a los mercados estadounidense y mundial; otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después". Trump añadió que, "además, en función del estado de sus refinerías de diésel, Rusia entregará posteriormente —en un breve plazo— 3.000.000 de toneladas de combustible diésel".
El anuncio llega en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por los datos que marcan las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre y que dan una ventaja de unos siete puntos a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadano por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el coste de la vida.
Mientras, la decisión de Putin se produce después de que en los últimos meses Rusia sufriera un grave déficit de combustible, que provocó grandes colas en las gasolineras, debido a los ataques ucranianos contra las refinerías rusas.
Todo ello, en medio de exigencias del jefe de la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de que cese unilateralmente los ataques contra las refinerías rusas, ya que esto afecta a los precios del diésel. El mandatario ucraniano reaccionó de inmediato al acuerdo entre Moscú y Washington, al calificarlo de "injusto" e "impropio de un aliado", ya que da la posibilidad a Rusia de exportar diésel en lugar de incrementar las sanciones por la guerra en Ucrania.
Crisis energética
EEUU autoriza las operaciones con diésel ruso hasta abril: "Una inversión en una guerra que debe terminar", dice Zelenski
Agencias Washington. EL MUNDO. 10 Octubre 2026
Estados Unidos ha autorizado temporalmente las operaciones relacionadas con la venta, entrega, descarga e importación de diésel de origen ruso, incluida su entrada al mercado estadounidense, hasta el 7 de abril de 2027, pese a las sanciones impuestas contra Moscú. La licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) permite estas operaciones pese a las sanciones contra Rusia, pero mantiene las restricciones a los pagos a través de cuentas de tres organismos financieros del Estado ruso.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha criticado el acuerdo calificándolo de "una inversión en una guerra que debe terminar". "Los regalos a Putin no traerán la paz ni ningún beneficio al mundo civilizado", escribió Zelenski en la red social X. "Rusia 'recompensará' el gasóleo con más terror y perfidia. Permitir que Rusia venda productos petrolíferos es una inversión en una guerra que debe terminar, no prolongarse. Lo que se necesita es una verdadera desescalada con Rusia sobre una base recíproca", afirmó.
Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que el líder ruso, Vladimir Putin, había aceptado en una conversación telefónica suministrar una importante cantidad de diésel al mercado estadounidense y a todo el mundo, para enfrentar el aumento del coste de la energía.
"Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de combustible diésel al mercado estadounidense y global, y otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre", dijo Trump en las redes sociales tras sus conversaciones con Putin.
Para ello, el Departamento del Tesoro informó que iba a emitir una licencia temporal para que el diésel ruso pueda llegar a los mercados globales. La entrega de diésel ruso tras noviembre aumentará a un millón de toneladas, añadió Trump.
Rusia ha sido objeto de oleadas de sanciones por parte de Estados Unidos y sus socios desde su invasión de la vecina Ucrania en 2022. Pero este año, tras el inicio de la guerra contra Irán, Estados Unidos ha levantado temporalmente ciertas sanciones. "Bajar los precios para los estadounidenses, especialmente nuestros grandes agricultores, ganaderos y camioneros, es mi máxima prioridad", explicó el líder estadounidense.
El anuncio de Trump coincide con la presencia de funcionarios estadounidenses, ucranianos y europeos en Miami para mantener reuniones sobre la invasión rusa de Ucrania.
Por su parte, el presidente ruso, Vladimir Putin, ha afirmado que su país está dispuesto a suministrar petróleo y productos petrolíferos a EEUU y a los mercados mundiales, y que ello contribuirá a la economía mundial en su conjunto, según un comunicado publicado por el Kremlin.
El comunicado de Putin, publicado por el Kremlin, indicaba que ambos líderes también habían abordado la resolución del conflicto de Ucrania y la situación en Irán.
Zelenski declara el acuerdo "injusto"
A cambio de diésel barato para las 'midterm': Trump echa por tierra la política de sanciones a Rusia y da un balón de oxígeno a Putin
A. Alamillos. F. Torrano. el confidencial. 10 Octubre 2026
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este viernes que Rusia suministrará combustible diésel a los mercados estadounidenses y mundiales, en virtud de un acuerdo apalabrado esa misma tarde en una llamada con su homólogo ruso, Vladimir Putin.
El pacto, que echa por tierra la política de sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania, ha sido recibido con estupor tanto por Kiev como por los aliados europeos, y señala una vez más los extremos a los que Trump está dispuesto a llegar para reducir el precio del combustible en EEUU antes de las elecciones 'midterm' este noviembre.
“Acabo de concluir una reunión muy satisfactoria con el presidente Vladimir Putin, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de gasóleo al mercado estadounidense y mundial, otras 500.000 toneladas durante el mes de noviembre y 1.000.000 de toneladas inmediatamente después”, ha declarado el mandatario estadounidense en Truth Social. El compromiso anunciado por Trump contempla la exportación inical de 1,8 millones de toneladas de diésel ruso en varias entregas, un volumen cuyo valor de mercado supera ligeramente los 2.300 millones de euros a los precios actuales, aunque todavía se desconocen las condiciones reales de la operación.
Dependiendo "del estado de las refinerías rusas", ha explicado Trump en velada referencia a los ataques ucranianos contra la infraestructura energética del país, Rusia podría suministrar otros tres millones de toneladas "en un corto periodo de tiempo". De materializarse la operación, el monto para las arcas del Kremlin alcanzaría los 6.170 millones, aproximadamente.
El Departamento del Tesoro levanta sanciones sobre el diésel a Rusia
Según un documento publicado por el Departamento del Tesoro, el levantamiento de las sanciones contra Rusia sobre el diésel se aplicará al menos hasta el 6 de abril de 2027.
En las últimas semanas, Trump ha ido culpando a Kiev y sus ataques de la subida global de los precios del combustible, intentando despejar toda responsabilidad por la guerra que él mismo desató sobre Irán y el consecuente cierre del estrecho de Ormuz, bloqueando millones de toneladas en el Golfo Pérsico.
Trump ha asegurado que, entre el "control total" que ejerce su país sobre el estrecho de Ormuz, los precios del diésel "bajarán rápidamente y en números récord para los estadounidenses y para el mundo". "Mi mayor prioridad es reducir los precios para los estadounidenses", ha concluido Trump.
"Acuerdos entre bastidores"
El anuncio ha sido recibido con desazón por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. La decisión de Donald Trump de levantar a Rusia las sanciones y permitirle exportar diésel "no es ni justo ni honesto", ha declarado a Axios. "Parece un regalo de cumpleaños para Putin. Es algo absolutamente terrible", criticó.
Su frustración hace referencia al 74 cumpleaños del mandatario ruso, celebrado el miércoles de esta misma semana.
"Rusia se encuentra en su posición más débil en el campo de batalla desde que comenzó la guerra. Precisamente por eso Putin recurre al terror. Y precisamente por eso intenta alcanzar acuerdos entre bastidores que le permitan aliviar, de una forma u otra, la presión sobre Rusia, con el objetivo de ganar tiempo y recursos para continuar la guerra", ha declarado Zelenski en un mensaje en Telegram.
"Cualquier flexibilización de las sanciones contra Rusia (...) es una debilidad evidente; favorece a Rusia, lo que hará que mate a más personas, luche durante más tiempo, respete aún menos a Estados Unidos y cause aún más pérdidas y daños al mundo", ha subrayado.
Golpe a la Alianza Atlántica
Ya este viernes por la mañana, los primeros rumores dejaban entrever que Rusia pretendía exigir a Estados Unidos el levantamiento de sanciones como condición para aceptar un alto el fuego que cubriera las infraestructuras energéticas, según fuentes estadounidenses y ucranianas citadas por The Kyiv Independent.
Después de todo, los ataques ucranianos han limitado ampliamente la capacidad de producción, exportación y refinado de petróleo ruso. Tanto, que durante los últimos meses las propias gasolineras rusas sufren largas colas y escasez, por lo que el Kremlin se vio obligado a prohibir a la exportación de diésel. Unas restricciones que, tras el anuncio del acuerdo con Donald Trump, han sido oportunamente levantadas.
"Rusia prohibió las exportaciones de diésel porque los ataques ucranianos habían reducido su capacidad de refinado, lo que obligó a racionar el combustible para abastecer el mercado interno", apunta en esa línea Edward Fishman, investigador sénior del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), a The New York Times. "Me parece una maniobra clásica de Putin: promesas vacías destinadas a profundizar las divisiones dentro de la alianza transatlántica".
Sin embargo, hay señales de que la decisión anunciada por Trump llevaba tiempo preparándose. En los últimos diez días, Moscú ha dejado entrever su disposición a reanudar las exportaciones de diésel. El 1 de octubre, el propio Vladímir Putin aseguró que Rusia disponía de suficiente combustible, pero que las sanciones le impedían venderlo en los mercados internacionales y, un día después, el viceprimer ministro Alexandr Nóvak afirmó que el suministro nacional estaba garantizado y que Moscú podría reabrir parcialmente las exportaciones si la producción superaba la demanda.
El anuncio llega también en un momento de máxima preocupación en la Casa Blanca y en el Partido Republicano por las encuestas de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, que dan una ventaja a los demócratas en varios estados clave.
Una nueva trampa a Kiev
Los sondeos muestran que territorios tradicionalmente republicanos están apoyando a los demócratas, especialmente por el malestar ciudadanos por el alto precio de la gasolina y las dificultades para afrontar el coste de la vida. A lo largo de esta semana Trump ya había apuntado a la posibilidad de una conversación con Putin, aunque en el contexto de obtener información sobre la peste rusa que acabó con la vida de una trabajadora en un laboratorio en Siberia.
En cambio, aprovechó que una delegación ucraniana estaba en Miami para reunirse con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, para llamar directamente él mismo a Putin y llegar a este acuerdo, que supondrá un balón de oxígeno para las finanzas rusas.
Ya en varias ocasiones antes, Trump había demostrado su deseo y disposición de "devolver a Rusia a los mercados globales". Tampoco es la primera vez que Trump asegura estar planteándose medidas de apoyo a Ucrania (como el envío de los Tomahawks o permitirles fabricar sus propios misiles de defensa antiaérea Patriots) para luego negarse taxativamente.
"Creo que simplemente se está utilizando a nuestro equipo negociador como cortina de humo. Sin duda, esto no es honesto, y desde luego no es así como deberían actuar los socios”, confesó Zelenski a un grupo de periodistas en Kiev, tras hacerse público el acuerdo.
Internacional
Putin amenaza con la bomba atómica para defender Kaliningrado: el síntoma de una Rusia acorralada
Pedro Fernández Barbadillo. okdiario. 10 Octubre 2026
A pesar de la inmensidad de su país, los rusos se sienten cercados. Para romper esa muralla (real o imaginaria, da lo mismo), Vladímir Putin lanzó la «operación militar especial» contra Ucrania, pero sus planes no están saliendo como esperaban él y su régimen. Y ante el estancamiento, surge la tentación de recurrir al armamento nuclear para evitar la derrota. Moscú se lo ha advertido a la OTAN.
La lista de fracasos rusos es creciente. En los últimos meses, los ataques de drones ucranianos han destruido o inutilizado muchas de sus refinerías, con lo que han afectado al principal recurso de exportación de los rusos: el petróleo y los combustibles refinados. Las unidades rusas apenas están avanzando en el frente. En su flanco occidental, la OTAN anuncia medidas contra los buques que forman la flota fantasma rusa, mediante la que Moscú sigue exportando hidrocarburos y cereales, y descubre «ataques híbridos» cometidos por agentes enemigos contra aeropuertos y otras instalaciones, que el Kremlin niega. Por último, los europeos se están rearmando al son de tambores.
Uno de los éxitos de la guerra de Ucrania consiste en haber impedido su expansión, aunque, de vez en cuando, tanto la OTAN como Rusia pegan patadas a los troncos que arden en la hoguera. La última patada ha consistido en una nota diplomática enviada por Rusia a la OTAN, en la que el Kremlin declara que está dispuesto a emplear todo su arsenal de fuerzas y capacidades, «incluyendo armas nucleares», para defender su territorio, y cita en concreto el oblast de Kaliningrado.
Este es un territorio de 15.000 kilómetros cuadrados (más pequeño que la provincia de León) que formaba parte de Prusia. Stalin se apoderó de él en 1945 y lo convirtió en arsenal, base naval y guarnición. Como dependía de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, al disolverse la URSS lo conservó Moscú. Está encajado entre Polonia y Lituania, que han desplegado fuerzas militares en torno a él. El enclave recibe suministros por mar y, también, mediante camiones y trenes que atraviesan, con restricciones, el territorio lituano.
Su importancia reside en que es el principal puerto de la flota rusa del Báltico, ya que está libre de hielos todo el año. Por su situación geoestratégica, Kaliningrado constituye una zona A2/AD, que impediría el acceso del enemigo a un teatro de operaciones o su control. En él se han instalado, entre otras armas, sistemas de misiles Iskander-M, que pueden llevar ojivas nucleares tácticas; misiles de crucero Kalibr e Iskander-K; y misiles hipersónicos Kinzhal.
Al principio de la invasión de Ucrania, la OTAN temió un ataque en pinza entre fuerzas acantonadas en Kaliningrado y las de Bielorrusia en el corredor de Suwalki, el punto de unión entre Lituania y Polonia, de unos 70 kilómetros de largo, con el objetivo de aislar a los países bálticos. Esa operación nunca se produjo. Y ahora Rusia fantasea con ella, pero a la inversa.
Un portavoz de la alianza militar respondió a la nota que «la OTAN es una alianza defensiva y que ninguna de nuestras actividades o ejercicios representa un riesgo para ninguna parte de Rusia». Pero, como hemos dicho sobre el sentimiento de cerco de los rusos, es indiferente que la OTAN vaya a atacar Kaliningrado o no. Estamos ante una excusa a la que recurre Moscú para enviar, otra vez, un mensaje. Y lo que este revela es la mala situación de Rusia, debido al fracaso de sus operaciones militares, a las consecuencias que tendría para Moscú aprobar un nuevo reclutamiento y a los bombardeos ucranianos mediante drones.
Estados Unidos se está jugando su primacía en el mundo. Por tanto, es comprensible su implicación en Ucrania y Oriente Próximo. Así de despiadada es la política internacional. También es entendible la preocupación de los países fronterizos con una Rusia que ha recuperado su condición expansiva. Precisamente, uno de los fracasos de Putin con esta guerra ha sido persuadir a las neutrales Suecia y Finlandia a ingresar en la OTAN en busca de protección.
Sin embargo, el belicismo de Alemania, Francia y Reino Unido parece absurdo. Sus fuerzas armadas dependen del material que compran a EEUU.
Los gobiernos son incapaces de defender sus fronteras de las bandas de traficantes de personas. Sus pueblos han sido infectados con el virus del desprecio al patriotismo, al sacrificio y a lo militar. Y, por último, pocos de los nativos están dispuestos a alistarse para morir por unos gobiernos que les desprecian y unas sociedades multiculturales hostiles.
El gobierno ruso tiene un mal ejército y, encima, desgastado, pero tiene voluntad de combatir y de vencer, y unos medios de destrucción estremecedores contra los cuales apenas hay defensa. En los últimos días, sólo con artillería, drones y misiles ha matado a casi un centenar de personas en Kíev, Kramatorsk, Pryluky y otras ciudades. ¿Pretenden los políticos europeos escalar la crisis hasta que un incidente, como fue el asesinato del heredero del imperio austrohúngaro por un terrorista serbio, desencadene un conflicto mayor?
Quien no acepte los equilibrios de fuerza y el realismo debería apartarse. Una de estas personas es la estonia Kaja Kallas, representante de la UE para Asuntos Exteriores, que ha propuesto «derrotar a Rusia» y desmembrarla (lo que no pudieron conseguir ni Napoleón ni Hitler) y juzgar a Putin, a sus ministros y sus generales como a los nazis. ¿No sería mejor alcanzar un acuerdo como el que puso fin a la crisis de los misiles en Cuba?
Mientras tanto, en España, el Gobierno de Sánchez no quiere que se hable de la invasión de Ceuta por Marruecos, ni de los drones, ni del escudo antimisiles instalado en la base de Rota, que a la vez que nos protege nos convierte en objetivo. El mayor asunto de debate de la política española son las ancianas que viven de la renta antigua… y el segundo, el pucherazo que prepara Moncloa. Quizás sea un alivio vivir en esta burbuja. Así estamos enfadados en vez de asustados.
12 de octubre: entre el orgullo y la vergüenza
Diego Buenosvinos. okdiario. 10 Octubre 2026
España vuelve a enfrentarse a una de esas encrucijadas en las que no solo se decide quién gobierna, sino qué país queremos ser. La Transición nació del convencimiento de que ninguna victoria política justificaba condenar al adversario a la derrota permanente; de que era posible construir una nación compartida sin exigir que todos pensaran igual.
Casi medio siglo después, aquel pacto parece resistir bajo la presión de una política cada vez más bronca, un país exhausto por la confrontación y una legislatura en la que el sanchismo ha convertido la supervivencia parlamentaria en el centro de gravedad de la vida pública. Las próximas elecciones volverán a poner a prueba algo más profundo que el reparto del poder: la capacidad de España para reconocerse a sí misma sin convertir cada diferencia en una guerra.
Este lunes, los Reyes presidirán el desfile de la Fiesta Nacional. Ya saben: el paso marcial de los militares, el rugido de los motores, los aviones surcando el cielo y la bandera ocupando, una vez más, el centro de la ceremonia. Sin embargo, da la sensación de que, desde el inicio de esta época sanchista, la enseña nacional regresa de un extraño destierro: ese al que parece condenada durante buena parte del año. Por un día, las plazas se llenan, la gente la contempla y la bandera se exhibe públicamente, como si necesitáramos recordar que está ahí. Después, todo vuelve a su sitio. Y la bandera, a su silencio, hasta el año que viene. Sin más.
La paradoja es formidable, amigos. España tiene una bandera constitucional, una fiesta nacional y una historia que no cabe en el argumentario de ningún partido. Sin embargo, todavía hay quien confunde el patriotismo con el franquismo, la unidad con el autoritarismo y la memoria con una obligación de pedir perdón por existir. Por otra parte, desde el extremo contrario, pretende que amar España exige cerrar los ojos ante sus episodios más oscuros. Ambos errores nacen de la misma tentación: convertir la historia en una propiedad privada.
El 12 de Octubre no nació ayer ni pertenece a ningún Gobierno. La conmemoración se impulsó en el cuarto centenario de la llegada de Cristóbal Colón a América, en 1892; se institucionalizó como Fiesta de la Raza en 1918 y adquirió después la denominación de Día de la Hispanidad.
En 1987, el Gobierno socialista de Felipe González aprobó la ley que estableció el 12 de octubre como Fiesta Nacional. No fue una concesión a la nostalgia imperial, sino el reconocimiento de una historia colectiva que debía trascender las diferencias políticas. Resulta irónico que una parte de la izquierda, heredera de aquella etapa en la que se contribuyó a normalizar los símbolos constitucionales, haya terminado mirando con recelo una bandera que también es suya. Pero claro, ¿quién es Pedro Sánchez?
Pero sigamos, porque este lunes la bandera de España volverá a lucir en todo el país. Una bandera que, por cierto, no pertenece a nadie en exclusiva, sino a todos. Y permítanme el juego de palabras: del mismo modo que la defensa de los trabajadores no es patrimonio exclusivo de la izquierda, por mucho que algunos hayan querido apropiársela, tampoco lo es la bandera. Últimamente, estos izquierdistas parecen querer adueñarse de todo: nos dicen cómo debemos colocarnos, qué hacer con la bandera y cómo entender el Estatuto de los Trabajadores, como si fuéramos idiotas.
La Transición tampoco fue una obra perfecta. Hubo renuncias, silencios, miedo y demasiadas cuentas pendientes. Pero hubo algo que hoy parece escasear: dirigentes capaces de comprender que ganar una votación no equivale a tener derecho a reescribir el país a conveniencia. La Constitución de 1978 fue fruto de acuerdos entre fuerzas que venían de tradiciones enfrentadas. No se pidió a cada español que olvidara sus ideas, sino que aceptara unas reglas para convivir con quienes pensaban de otra manera.
El 12 de Octubre debería servir para algo más que contemplar un desfile, disfrutar de un día festivo o discutir sobre si hay motivos suficientes para celebrar. También debería invitarnos a pensar qué país queremos dejar a quienes vienen detrás.
España fue imperio, fue dictadura, fue transición y ahora es democracia, pero una democracia que pende de un hilo por un gobierno sanchista que no ha ganado elecciones y vemos cómo quiere legislar de espaldas al pueblo, otra vez por la puerta de atrás. Sí, ya sé, se puede regular a través de la Diputación Permanente, pero esa pirueta no me interesa lo más mínimo, me asquea.
Sánchez está
dispuesto a llevar España al límite
EDITORIAL.
libertad digital. 10
Octubre 2026
Hay tanto que tapar: la corrupción, Paiporta, el apagón, Adamuz, Ceuta y ahora los desahucios.
El PSOE y los partidos a su izquierda ya han dado sobradas muestras de hasta dónde son capaces de llegar en materia de agitación y propaganda. La manipulación, la desinformación, la difusión de infundios, mentiras y patrañas son especialidades de una izquierda que maneja los medios a su antojo, que ignora deliberadamente los más elementales principios éticos, que no tiene reparo alguno en pisotear y cruzar todas las líneas rojas que se le pongan por delante. La ausencia de escrúpulos es una de las características más acusadas de la izquierda. La operación de la cloaca sanchista contra la juez Biedma, que instruyó el caso del hermano de Pedro Sánchez, es el ejemplo más reciente. Son capaces de todo y para todo tienen una excusa, una justificación, una coartada.
Las indecentes maniobras socialistas y comunistas en torno a la crisis de la vivienda vienen acompañadas de una escalada dialéctica en contra de las formaciones de derecha que es netamente guerracivilista. En la Asamblea de Madrid se ha pasado de simular disparos con los dedos a las amenazas explícitas. Esa siniestra sentencia de Manuela Bergerot de que "no habrá paz en las calles" remite a los más sangrientos episodios de nuestra historia y sirve para ilustrar la barra libre de la izquierda a la hora de amedrentar a sus rivales. Si la autora de esas amenazas fuera del PP o de Vox, ahora mismo estaría siendo sometida a una condena rotunda y generalizada. Como se trata de la portavoz de Más Madrid no pasa nada y se invoca la libertad de expresión. Pero eso no tiene nada que ver con la libertad de ningún tipo. Es un señalamiento criminal, una advertencia delictiva, una amenaza en toda regla.
La violencia ambiental, la tensión, la crispación convienen a la izquierda. Lo dijo a micrófono cerrado tras un debate electoral José Luis Rodríguez Zapatero, paladín del diálogo con asesinos, embajador de sátrapas y uno de los mayores farsantes de la historia política de España. La ocupación del espacio público y la activación de los sindicatos responden al objetivo de atizar el enfrentamiento: la calle, contra la derecha buitre de los áticos. La fábrica de relatos de la izquierda funciona a pleno rendimiento. Hay tanto que tapar: la corrupción, Paiporta, el apagón, Adamuz, Ceuta y ahora los desahucios.
Después de ocho años de sanchismo, el poder adquisitivo de los españoles ha caído en picado, se han multiplicado las dificultades para acceder a una vivienda, se han disparado los desahucios y la pobreza. Sánchez prometió cientos de miles de viviendas asequibles. También dijo en la anterior campaña que frenaría los desahucios. Ahora pretende imputar la crisis de la vivienda al PP, enarbolar la bandera de la difunta Maricarmen y apalancarse en la Moncloa parapetado tras los sindicatos y las milicias de extrema izquierda. Reproducir los disturbios de Francia es parte del plan. Ya preparan a los estudiantes para una huelga previa a la huelga general. El Gobierno prende la mecha. Nada les detiene. Van a indultar al exfiscal general y la actual fiscal general exige al Supremo que deje votar a los muertos de la Ley de Nietos. Anunciar un aumento de las pensiones horas antes de la jornada electoral va a ser lo más legal de la campaña socialista.
La campaña electoral se va a celebrar en un ambiente irrespirable, con una izquierda desatada, en medio de toda clase de provocaciones, bajo una campaña mediática de rasgos totalitarios. Sánchez está dispuesto a llevar España al límite, dispuesto a enfrentar a los españoles con tal de permanecer en el poder para afrontar el sombrío panorama judicial que tiene ante sí.
La herencia del sanchismo: el cohete se paga a plazos
Víctor González y Coello de Portugal. Vozpópuli. 10 Octubre 2026
Pedro Sánchez ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Hay quien se pregunta por qué lo hace si puede perderlas. La pregunta supone que todos los gobernantes entienden las elecciones de la misma manera. Para unos sirven para obtener un mandato; para otros, también para elegir quién se queda con la factura. En una empresa normal, el administrador presenta las cuentas antes de abandonar el despacho. En la política española uno puede marcharse anunciando que la empresa va como un cohete y dejar al siguiente la conversación con el banco.
Una interpretación del adelanto merece atención: el adelanto podría servir para reunir el voto de la izquierda alrededor del PSOE, aprovechar la fragmentación de sus competidores y preservar el mando del partido, incluso perdiendo el Gobierno. Es una hipótesis sobre sus incentivos, no una certeza sobre sus intenciones. Pero obliga a PP y Vox a contemplar una posibilidad incómoda: que Sánchez esté pensando ya en las elecciones siguientes mientras ellos todavía celebran estas.
El legado económico ofrece material para la celebración ajena. En julio de 2026, la deuda pública ascendía a 1,744 billones de euros, el 99,9% del PIB. Su peso sobre la economía había bajado 2,4 puntos respecto a un año antes. Pero el importe adeudado había aumentado un 3,8% en esos mismos doce meses. El Gobierno celebra que la deuda ocupe menos espacio en el escaparate; el contribuyente sigue respondiendo por una factura mayor. Por eso, conviene recordar que la deuda sigue creciendo en euros y que sus intereses se pagan con ingresos públicos, no con porcentajes.
Ni rastros de mejora
La inflación, entretanto, ha resultado una colaboradora fiscal extraordinaria. Si el salario sube para compensar los precios y los tramos del IRPF no se ajustan, Hacienda puede cobrar más sin que el trabajador sea más rico. Es una subida de impuestos que tiene la cortesía de no presentarse como tal. El ciudadano ha perdido poder adquisitivo y ha recibido una felicitación por su ascenso de categoría tributaria. La recaudación por impuestos y cotizaciones de la era Sánchez, ha sido la mayor de la historia, aumentó en términos nominales cerca del 40% entre 2018 y 2024. Y plantea una pregunta que Sánchez esquiva: ¿qué mejora concreta han recibidos los españoles a cambio del esfuerzo adicional?
La vivienda proporciona una respuesta poco reconfortante. Después de años de anuncios, muchos jóvenes siguen calculando si podrán abandonar su habitación de adolescentes antes de que sus padres necesiten ayuda para subir las escaleras. Se les habla de emancipación mientras se encarece la puerta por la que tendrían que salir.
El problema tiene varias causas, pero ninguna política seria puede ignorar la oferta. Faltan viviendas donde hacen falta hogares. El suelo tarda en transformarse, las licencias se demoran y la inseguridad jurídica desanima a quien podría construir o alquilar. Las competencias se reparten entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos: también entre muchos gobernados por el PP. No habrá solución honrada si cada administración encuentra la causa del atasco en la ventanilla de al lado.
Ahora el Gobierno vuelve a aprobar, con modificaciones, los decretos de vivienda rechazados por el Congreso y busca convalidarlos en la Diputación Permanente, aprovechando la aritmética de ese órgano tras la disolución de las Cortes. La existencia de precedentes no elimina el problema político: resulta difícil presentar como respeto al Parlamento y a la soberanía popular una maniobra para superar por otra vía su reciente rechazo. El Congreso dice que no y Moncloa busca una mesa más pequeña donde conseguir el sí.
Los primeros perjudicados
Las nuevas medidas amplían la intervención sobre los contratos, los desahucios y determinadas compras de viviendas. El riesgo económico es serio: si alquilar significa asumir más incertidumbre sobre el cobro, la duración del contrato y la recuperación del inmueble, algunos propietarios optarán por retirarlo del mercado o exigirán una solvencia mayor. Los primeros perjudicados serán precisamente los jóvenes y las familias con ingresos modestos, que encontrarán menos viviendas y más filtros para acceder a ellas.
Proteger a quienes atraviesan una situación vulnerable exige recursos públicos, alternativas habitacionales y garantías efectivas para el propietario. Convertir el contrato privado en sustituto de una política social puede proteger al inquilino de hoy a costa de cerrar la puerta al de mañana. Ya tenemos otra conquista social muy asequible en el BOE e inexistente en el barrio.
Con el empleo sucede algo parecido. Hay más ocupados y sería absurdo negarlo. Pero un contrato indefinido no garantiza trabajo continuo ni un salario suficiente para sostener una familia. La discusión útil empieza después de la propaganda: cuántas horas se trabajan, cuánto se produce y qué puede comprarse con el sueldo.
También hay crecimiento económico real. El turismo y el trabajo de quienes llegan de fuera contribuyen a él. El desafío consiste en elevar la productividad y la renta por habitante, no en disminuirlas. Un país puede producir más porque incorpora trabajadores y seguir ofreciendo perspectivas modestas a cada uno. La familia no paga el supermercado con el PIB agregado.
La dimensión social del balance merece menos chistes. En 2025, el 25,7% de la población estaba en riesgo de pobreza o exclusión social. Afecta a más de una cuarta parte del país. Las ayudas son necesarias para quienes las necesitan. Su éxito debería medirse también por cuántas personas consiguen dejar de necesitarlas.
La responsabilidad del PP
Hasta aquí, la triste herencia. A partir de aquí, la responsabilidad de quienes aspiran a recibirla. Alberto Núñez Feijóo ha descrito un país más endeudado, envejecido y con menos oportunidades para sus jóvenes, y ha reclamado una auditoría económica e institucional. Santiago Abascal ha contrapuesto el relato del cohete a las dificultades de asalariados y autónomos para llegar a fin de mes y de los jóvenes para acceder a una vivienda. Ambos han señalado el deterioro. Si llegan al poder, habrá que juzgarlos por su capacidad para repararlo. El diagnóstico no sustituye al tratamiento.
Si PP y Vox obtienen una mayoría suficiente, tendrán que convertirla en un Gobierno capaz de decidir. España no puede permitirse que dos partidos pasen la legislatura disputándose quién representa mejor a unos electores que les han pedido resolver los mismos problemas. Un desacuerdo sobre un ministerio resulta pequeño al lado de una generación que no puede formar un hogar.
Necesitarán un acuerdo previo de reformas, con calendario, responsables y cuentas. Revisar el gasto, cerrar duplicidades y evaluar subvenciones; proteger los servicios esenciales y el apoyo a los vulnerables; aliviar la carga sobre el trabajo con una financiación creíble. En definitiva, prometer todas las rebajas y conservar todos los gastos sería prolongar el sanchismo con otra imprenta. Incrementar el techo de gasto más del 11%, alcanzando el máximo histórico como han hecho en Aragón, puede no ser el mejor camino.
En vivienda, tendrán que actuar también donde ya gobiernan: liberar suelo adecuado, acortar licencias, dar seguridad al alquiler y facilitar la construcción. En pensiones, deberán explicar cómo cumplir los compromisos con los mayores sin cargar indefinidamente el ajuste sobre los jóvenes. En energía, harán falta decisiones que favorezcan un suministro seguro y competitivo, inversión y aprovechamiento responsable de nuestros recursos. Y en las instituciones, demostrar que la independencia que reclaman desde la oposición les sigue pareciendo necesaria cuando nombren desde el Gobierno.
Mayoría absoluta desperdiciada
La exigencia alcanza especialmente al PP: administrar con buenos modales lo que hoy critica no resolverá los desequilibrios. Y alcanza a Vox: denunciar con fuerza una mala política no basta para diseñar y ejecutar una buena. Harán falta equipos competentes, prioridades y capacidad de sostener las reformas cuando lleguen las primeras protestas.
Hay, además, una lección que el PP debería llevar escrita en la primera página de su programa: no repetir los enormes errores de Rajoy. A mi juicio, su mayoría absoluta fue una oportunidad desperdiciada para corregir mucho de lo que después se ha agravado. Se subieron impuestos y se dejó en pie buena parte del entramado ideológico heredado del socialismo. Confundir prudencia con renuncia permitió que demasiadas batallas se dieran por perdidas sin librarlas. España no necesita otra mayoría que llegue prometiendo cambiar el rumbo y termine administrando el del adversario.
Algunos esperamos también que desaparezcan las leyes ideológicas que convierten al Estado en tutor de nuestras convicciones: las que imponen una interpretación oficial de la historia o invaden la libertad educativa y de conciencia. Esa derogación debe hacerse con rigor jurídico y respeto a la igualdad ante la ley. La alternancia tiene que devolver libertades, además de cambiar los nombres de quienes ocupan los despachos. Y, personalmente, espero que algunos se acuerden de la defensa de la vida, la familia y que se recuperen las cruces que unos se han empeñado en arrancar.
Escandalosos episodios
La regeneración deberá empezar por el respeto efectivo a la independencia judicial, la autonomía de las instituciones y el equilibrio de poderes. Habrá que reformar la ley electoral para reforzar la representación y la rendición de cuentas, y cerrar el paso al reparto partidista de los organismos que deben controlar al Gobierno. Los escandalosos episodios de la era Sánchez deben esclarecerse y, cuando corresponda, depurarse responsabilidades. Sustituir a sus protegidos por los propios sería perpetuar el abuso con otra lista de apellidos. La mayoría que salga de las urnas tendrá que aceptar límites, controles y sentencias, también cuando le resulten incómodos. La herencia recibida debe documentarse al principio, con transparencia. Después será una explicación, pero no una absolución permanente. Los españoles juzgarán si sus impuestos cunden, si encuentran vivienda y si trabajar les permite “avanzar”.
Sánchez podría aspirar a que otros corrijan los desequilibrios mientras él organiza la indignación contra las correcciones. Para frustrar esa estrategia habrá que explicar el coste de cada decisión, repartirlo con justicia y empezar por los privilegios del poder. Pedir sacrificios conservando intacta la comodidad de los partidos sería regalarle el discurso de regreso.
La sátira termina donde empieza esa obligación. Ganar unas elecciones concede autoridad para gobernar; no concede competencia ni garantiza acierto. PP y Vox tendrán que demostrar ambas cosas. El sanchismo deja un cohete cuya financiación habrá que seguir pagando. Quienes recojan las llaves harán bien en revisar el motor antes de encargar su propio cartel de despegue.
Mohammed VI regaña a su siervo
Hermann Tertsch. el debate. 10 Octubre 2026
El rey Mohammed VI ha arremetido contra las leyes españolas de inmigración que considera cuajadas de «disposiciones legales obsoletas y fallos judiciales poco realistas». Con la salvedad de que los fallos judiciales se deben precisamente a las leyes, hay que reconocer que el monarca en esto tiene mucha razón. Después ya cuando dice que no aceptará «presiones, amenazas ni chantajes» se nos pone estupendo. Porque lo cierto es que por parte del gobierno de España lo único que ha recibido el régimen de su Majestad es sumisión perruna y colaboracionismo para una invasión de territorio español.
Ni siquiera ha recibido un leve reproche oficial por echarnos encima a cien mil súbditos y dejarnos veinte mil invasores para subvertir el orden y sembrar el pánico en la ciudad española, torturar a los ceutíes con el permanente vandalismo, la agresividad y delincuencia desplegada. Cierto es que, dada la evidente colaboración de Pedro Sánchez y su gobierno con las autoridades marroquíes en permitir que esta invasión se produjera, el reproche de Madrid podría haber tenido una respuesta de Rabat que dejara aun en mayor evidencia la traición a España de su gobierno. Es el último y más trágico capitulo de la trayectoria de servidumbre de Sánchez al gobierno de Marruecos.
Tiene razón Mohammed VI en que en España tenemos unas leyes ridículas de inmigración. Con unas autoridades que aplican siempre en beneficio de la inmigración ilegal y del efecto llamada. Es muy cierto por ejemplo que la política hacia los menores tiene todas las características de un secuestro. Porque los niños alemanes o noruegos o italianos que aparecen solos por España están de vuelta en su familia y en su país en 24 horas. A los niños africanos los adopta de hecho de forma forzosa la administración española.
Eso tiene mucho que ver con una industria que se ha generado en España con la inmigración, de la que el gobierno actual es promotor y beneficiario y sirve para la masiva desviación de dinero público a manos privadas vía ONG, asociaciones y servicios cercanos, todos ellos de la órbita socialista. Y también algunos organismos y ordenes de la Iglesia, para que los obispos españoles nunca duden en aplaudir la inmigración, cuanto mayor mejor. Los gastos por inmigrante y todos los servicios derivados de su masiva presencia suponen unas cifras colosales que acaban en todas estas organizaciones que pagan plantillas y la trama organizativa, propagandística y activista de la izquierda.
Solo hay otra forma igual de eficaz de saquear las arcas públicas sin límite ni recato y es la cooperación internacional. Esta distribuye miles de millones a los proyectos más peregrinos, exóticos y remotos sin que por supuesto haya seguimiento ni trazabilidad real de los fondos que lleguen a esos supuestos beneficiarios. Lo cierto es que en gran parte de esos proyectos la financiación española es incomprensible cuando no grotesca. Y esas partidas tienen por necesidad que responder a otros intereses mucho más lógicos pero inconfesables.
Mohammed VI tiene razón en que España necesita unas leyes mucho más claras y lógicas para su gravísimo problema de inmigración que ya es invasión. Y no solo en Ceuta. Leyes que permitan deportar de inmediato a cualquier ciudadano de cualquier edad y condición sin permiso legal de estar en su territorio. Que evite toda incentivación de la violación de las fronteras por lo que tiene que impedir que los inmigrantes ilegales se beneficien de los servicios sociales, médicos y de vivienda. Y que exija a todos los países de procedencia que acepten a sus ciudadanos. España y la Unión Europea tienen medios para exigir con eficacia este respeto a las naciones de procedencia.
Con Marruecos las relaciones mejorarán con seguridad en cuanto el gobierno en España no sea un lacayo de Mohammed VI sino un gobierno legal y legítimo sin crímenes que ocultar. Rabat, que tiene un gobierno que defiende sus intereses nacionales se llevará mejor con un gobierno español volcado en la defensa de los intereses de los españoles que con un gobierno traidor y doblegado, condicionado por mil secretos, complejos, miedos y ocultaciones. Hay que acabar con tantas ambigüedades en las relaciones hispano- marroquíes, muchas generadas por parte española. Con una frontera segura militarizada en Ceuta y Melilla, una urgente clarificación del estatus real legal de todos los marroquíes nacionalizados españoles sin haber renunciado a la nacionalidad marroquí, una rápida rutina en la deportación de toda la inmigración ilegal, menores incluidos por supuesto, y el final de los gestos hostiles, las relaciones deben llegar a un punto de normalización.
Para ello hay que acabar con una política que favorece sistemáticamente a Marruecos en perjuicio de España. Esto también ha de quedar claro en Bruselas, junto al gobierno de Sánchez la mayor fuente de agravios, atropellos y abusos contra España en beneficio de Marruecos. Recuerde todo el mundo que por España pasa el tráfico comercial de Marruecos con Europa.
Sabemos los efectos del deplorable hecho de que, mientras el gobierno marroquí trabaja para su país, el actual gobierno de España trabaja también para Marruecos y contra los intereses españoles. El grupo parlamentario socialista español en el Europarlamento es allí el lobby marroquí. Todo puede y debe mejorar en las relaciones entre ambos países.
Pero claro está hoy que, la exigencia de respeto mutuo, insisto, mutuo, solo podrá cumplirse cuando España tenga un gobierno legal y legítimo que defienda los intereses españoles y no un títere de intereses extranjeros o delincuentes.
"Si el PSOE quiere memoria histórica, habrá que dársela"
Las checas: el terror rojo en la Guerra Civil de 1936 que oculta la Memoria Histórica de Sánchez
Centros de detención y tortura sin ley aterrorizaron Madrid durante los peores meses del conflicto
Mario Lima. periodista digital. 10 Octubre 2026
En el verano de 1936, con el estallido de la Guerra Civil, Madrid y otras grandes ciudades republicanas se vieron transformadas por una atmósfera de miedo y violencia revolucionaria.
Entre los fenómenos más oscuros surgidos en ese contexto destacan las checas, centros clandestinos de detención, tortura y ejecución extrajudicial inspirados en la policía política soviética, la Cheka.
El término “checa” fue adoptado directamente del ruso y se utilizó para designar estos espacios donde cualquier sospechoso de ser “enemigo de la revolución” podía acabar detenido, interrogado brutalmente y, a menudo, ejecutado sin juicio alguno.
El clima era propicio para el caos.
A la descomposición del orden republicano tras el golpe militar del 18 de julio, se sumó la proliferación de patrullas armadas controladas por militantes socialistas, comunistas y anarquistas.
Los partidos y sindicatos más influyentes montaron sus propias checas o compartieron el control de estos centros, en ocasiones con la colaboración de asesores soviéticos.
Un fenómeno eminentemente urbano y masivo
Las checas se multiplicaron principalmente en entornos urbanos: Madrid, Barcelona, Valencia y otras ciudades vieron cómo edificios públicos, sedes sindicales e incluso conventos expropiados se convertían en prisiones improvisadas.
Solo en Madrid existían al menos cuatro checas por kilómetro cuadrado durante los meses más crudos del conflicto. El número total exacto es difícil de precisar: algunas fuentes documentan más de 340 solo en la capital, aunque había sucursales y centros satélites cuya existencia apenas dejó rastro documental.
Algunas checas alcanzaron notoriedad por su crueldad o por el volumen de víctimas. Destacan la checa del Círculo de Bellas Artes (posteriormente llamada de Fomento), la de la calle Marqués de Riscal o la situada en el convento de Santa Úrsula en Valencia.
En Barcelona, la temida checa de San Elías contaba incluso con un horno para incinerar cadáveres, según testimonios recogidos décadas después.
¿Quiénes eran las víctimas?
El perfil del detenido era amplio e impreciso: religiosos, empresarios, políticos conservadores, militares desafectos a la República e incluso militantes de izquierdas que discrepaban con las directrices comunistas o anarquistas. Bastaba una denuncia anónima o pertenecer a un grupo social considerado hostil para acabar arrestado. En muchos casos no existía ni siquiera una acusación formal: era suficiente con “parecer sospechoso” o estar en el lugar equivocado.
Las garantías jurídicas eran inexistentes. Los detenidos eran sometidos a interrogatorios violentos y torturas físicas y psicológicas. La condena a muerte solía decidirse arbitrariamente por los carceleros o por tribunales revolucionarios improvisados, sin formación legal ni apego a ninguna noción reconocible de justicia. La ejecución inmediata –conocida como el paseo– consistía en sacar al detenido fuera del centro y asesinarlo en un descampado o cuneta.
Madrid era una checa
El caso madrileño resulta paradigmático por su densidad y organización. Durante el llamado “Madrid rojo”, especialmente entre agosto y diciembre de 1936, la ciudad vivió cuatro meses terroríficos marcados por miles de asesinatos, secuestros y torturas sistemáticas. La coordinación entre las distintas checas recaía principalmente sobre el Ministerio de Gobernación republicano a través del control que ejercía sobre la checa central ubicada en Fomento-Bellas Artes.
Un dato revelador: según testimonios recogidos posteriormente, representantes sindicales preguntaron expresamente si tenían autoridad para “pegar cuatro tiros” a quien consideraran peligroso; la respuesta fue afirmativa, lo que da muestra del grado de arbitrariedad imperante. Existían patrullas específicas encargadas de ejecutar estas órdenes –las Milicias de Vigilancia de Retaguardia disponían hasta 70 puestos repartidos solo en Madrid–.
En agosto de 1937 se creó el Servicio de Información Militar (SIM) bajo dirección socialista para tratar de racionalizar el sistema represivo y controlar los excesos cometidos por las milicias autónomas. Sin embargo, lejos de suponer una mejora real para los detenidos, este organismo acabó cayendo progresivamente bajo influencia comunista y soviética. Las prácticas arbitrarias persistieron hasta el final del conflicto.
Datos locos
En algunas checas como la barcelonesa de San Elías se llegó a instalar un horno crematorio para deshacerse rápidamente de los cadáveres.
Muchos miembros encargados del funcionamiento diario eran delincuentes comunes liberados tras la apertura generalizada de cárceles en julio del 36.
La retribución económica a los carceleros salía directamente del dinero o bienes incautados a las víctimas; lo restante debía entregarse a la Dirección General de Seguridad.
El miedo al “enemigo interno” era tan intenso que cualquier rumor podía desencadenar una redada masiva.
Se calcula que decenas de miles pasaron por estas instalaciones; algunos sobrevivientes relataron escenas surrealistas como paredes inclinadas que impedían sentarse o tumbarse, timbres sonando sin cesar para provocar insomnio deliberadamente.
A pesar del horror vivido durante
aquellos meses, muy pocas checas han sido señalizadas hoy en día;
muchas placas han caído en el olvido o han sido retiradas
discretamente ante polémicas políticas recientes.
Un legado incómodo
El recuerdo histórico sobre las checas sigue siendo motivo recurrente en debates sobre memoria democrática. Parte del discurso político ha intentado minimizar o relativizar su existencia alegando que fueron obra exclusiva “de exaltados” o fruto del caos revolucionario; sin embargo, estudios recientes demuestran que hubo implicación directa tanto del Estado republicano como de fuerzas políticas organizadas desde muy temprano en la guerra.
El fenómeno no fue exclusivo ni aislado: existió represión sistemática también en territorio sublevado (nacionalista), pero lo característico del sistema chequista fue su carácter extrajudicial e imprevisible –la sensación constante para cualquier ciudadano era que podía acabar detenido por motivos tan peregrinos como acudir a misa o tener un familiar desafecto al régimen revolucionario.
La densidad brutal –cuatro checas por
kilómetro cuadrado– convierte aquel Madrid asediado no solo en
campo de batalla militar sino también psicológico. Su huella sigue
presente: muchas familias nunca supieron qué pasó con sus seres
queridos desaparecidos tras cruzar las puertas oscuras e innombrables
donde reinó aquel terror rojo.
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La corrupción de los «cometodo»
Graciano Palomo. okdiario. 10 Octubre 2026
Llevan muchas condenas judiciales por corrupción ambos sindicatos de «clase» que sobreviven gracias a la morterada de millones provenientes de los impuestos ciudadanos.
Desprestigiados por completo, cada día con menos afiliados y cotizantes, UGT y CCOO de la mano del soplillo asturiano y el hombre del gulag, se han convertido en el hazmerreír de propios y extraños. Nadie pone en duda que, gracias a la ducha de millones (por tantos conceptos y tan varios) que a lo largo de estos años les ha hecho el Gobierno Sánchez, este compró la llamada paz social que más bien podría denominarse como «paz de los cementerios».
Pero, oiga, se han percatado de que la exuberante mamandurria puede tocar a su fin y se han puesto a apoyar una huelga general contra la oposición y, obviamente, con el apoyo del sanchismo.
¿Se ha podido contemplar, fuera de la extinta URSS, Cuba, Venezuela y Corea del Norte, algo similar? Produce sonrojo ajeno verle al soplillo asturiano, ex consejero de Femsa/Endesa, gran pisazo en Barcelona y no sé cuántas fincas en Asturias, tratar de justificar un apoyo al Sindicato de Inquilinas, que a nada que rascas también tienen lo suyo. Es tal desvergüenza que sus afiliados deberían romperles la cara antidemocrática y mandarles al averno. Son monaguillos del poder, genuflexos ante las viandas de ricos y una lacra para la que ellos llaman «clase trabajadora».
Si Marcelino Camacho levantara la cabeza, volvería a ponerse el jersey de Josefina y se volvería corriendo a la tumba. Y qué decir del sonoro sopapo que se llevaría el soplillo de Nicolás Redondo. Ambos, sindicalistas, sí, pero representantes de los trabajadores honrados y no corruptos.
PD. Los tristemente famosos «cometodo» no han dicho ni pío respecto al hecho de laminar a 80.000 ceutíes, con sus familias, sus trabajos, robando su futuro y la dignidad de toda una nación. Eso sí, se ponen el fulard por cualquier trapacería… ¡Mare de Déu! El próximo gobierno debería poder atender la solicitud de millones de contribuyentes: para estos ganapanes, ni un euro. Es de justicia.